El asesinato de ambientalistas en México, como el caso del activista Homero Gómez, está relacionado de forma directa con la impunidad en que han quedado muchos de esos delitos, pero también con la persistencia del modelo extractivista que opera sobre todo en territorios indígenas, cuyas riquezas naturales son explotadas por el crimen organizado y otros poderes fácticos, señalaron organizaciones especializadas en el tema.

Isela González, directora de la asociación civil Alianza Sierra Madre, recordó que el homicidio de Gómez –ocurrido apenas el jueves pasado– se suma al de muchos otros, como los de Julián Carrillo, Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro, todos ellos en Chihuahua, y muestra la vulnerabilidad de quienes protegen las tierras de las comunidades.

Estos asesinatos siguen ocurriendo por la impunidad en la que quedan, pero también por el extractivismo forestal y minero que se da en territorios indígenas. Esto se mezcla con la presencia exponencial del crimen organizado, como en el caso del compañero (Homero Gómez) de Michoacán, apuntó.

Para González, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está enfocándose únicamente en atender algunos casos de desaparición forzada, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ha desatendido muchos otros fenómenos igualmente graves, como el asesinato de activistas y el desplazamiento forzado interno.

Nos sentimos abandonados, cuando deberían diseñar una estrategia específica para los lugares donde están los conflictos ambientales y combatir la impunidad de los asesinatos de defensores, porque mientras eso continúe también van a continuar los homicidios, desgraciadamente, alertó.

Hilda Salazar, de Mujer y Medio Ambiente, coincidió en que uno de los factores que inciden en la persistencia de los asesinatos de ecologistas es que la defensa del territorio y los recursos naturales se contrapone a los proyectos de explotación desmedida de los mismos. Hay una disputa con el crimen organizado y los poderes fácticos a nivel local, y eso hace una combinación estruendosa con la impunidad. Seguimos sin tener respuesta de los ambientalistas asesinados, porque sus casos se quedan en el limbo, expuso.

Según estudios de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, al menos 80 por ciento de ecologistas asesinados en el país son indígenas, cifra que se eleva prácticamente hasta 100 por ciento en estados como Oaxaca, Puebla y Michoacán.