Atención diferenciada de delitos, perfeccionamiento de la gestión de los casos en el modelo de justicia penal, reforzamiento de la especialización en la atención a las víctimas y combate a la corrupción en todas las áreas, son algunas de las 10 estrategias que contiene el Plan de Política Criminal 2020 que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) entregó ayer al Congreso capitalino.

Efrén Rodríguez González, coordinador de asesores de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, y el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, Eduardo Santillán Pérez, anunciaron durante el acto de entrega que se elaborará una versión pública para empezar un amplio proceso de consulta a organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores y colegios de profesionistas vinculados con ese tema y a la ciudadanía en general, así como a las alcaldías, el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos capitalina para enriquecerlo y tener un documento con el mayor consenso social.

La fiscal Godoy acudirá el próximo martes al Congreso a una mesa de trabajo con los legisladores para explicar el contenido del plan, que el diputado Santillán Pérez definió como el instrumento rector de la estrategia para la persecución de los delitos que por primera vez se realiza en la Ciudad de México.

Rodríguez explicó que para la elaboración del documento se contó con el apoyo y la asesoría de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría en Fiscalía, que encabeza la investigadora y ex diputada constituyente Ana Laura Magaloni Kerpel; su fin es que pueda, además, ser un instrumento que permita medir y evaluar los resultados que obtenga la FGJ.

El documento contiene un diagnóstico de la criminalidad, analiza la calidad del trabajo ministerial y su capacidad para judicializar los casos, establece los criterios para el tratamiento de los delitos de atención prioritaria y metas para el desempeño en este 2020.

Dentro de la estrategias, la fiscalía plantea un rediseño de la gestión del conflicto para una real procuración de justicia, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, generar y establecer las condiciones para la pacificación social y el impulso al enfoque de derechos humanos, así como de la perspectiva de género.

Contiene un apartado con el modelo de procuración de justicia, un programa de persecución penal, con presupuestos, infraestructura y recursos materiales y humanos, planes de capacitación, especialización y del servicio profesional de carrera, así como metas e indicadores de gestión para el Ministerio Público, mecanismos de seguimiento y monitoreo interno y una metodología para evaluar resultados por áreas.