o se trata de las resistencias y desajustes que inevitablemente genera un proceso profundo de transformación, lo que ahora comenzamos a vivir como protestas y conflictos en la educación básica y superior es la reaparición de problemáticas del pasado, irresueltas y agravadas. En educación, el cambio apenas rasguñó la recia corteza neoliberal y corporativa de la SEP y de las escuelas y universidades. En contraste, baste ver lo que hoy ocurre en el terreno de la salud pública. Ahí hay una propuesta radical, se ha establecido el derecho para todos, pleno y gratuito; innovadora, además, puesto que se aleja de la concepción decimonónica que confunde salud con curación, y se pronuncia por la promoción de la salud; el paso de los grandes sistemas hospitalarios a los esfuerzos locales de salud-promoción a cargo de equipos (promotor de salud, enfermero, médico) a escala de comunidad o barrio, que consolidan el paso de la salud individual a la colectiva. Una propuesta completa que incluye una nueva definición del trabajo –promoción local– y un planteamiento laboral que incluye una basificación generalizada y, con eso, –comunidad-empleo–, hace posible la creación de un enorme soporte social que, si incluye rasgos fuertes de democracia, puede enraizarse profundamente y garantizar su permanencia. Y, finalmente, todo esto no como salida a un conflicto puntual, sino por la pura fuerza de la convicción de cambio labrada por años de acumulación de taras institucionales, el reconocimiento del abuso laboral al personal de salud y el fracaso e inoperancia del viejo esquema de atención.

En educación, en cambio, el actual gobierno se mantiene y nos mantiene a todos, en otra dimensión, una realidad alterada. Para empezar, hoy no se reconoce el derecho pleno a la educación y la gratuidad. Y en la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES,Oct. 2019) se dice que quiere volver legal esa situación, al sostener que el “Estado garantizará el derecho de toda persona… a tener la posibilidad de recibir educación”. De esta manera la educación 4T queda por debajo del planteamiento del neoliberal gobierno de Salinas que en 1993 incluyó en la Constitución que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y esa frase todavía constitucional no se retoma como base en la propuesta de ley. Peor aún, se establece que serán las instituciones (es decir las autoridades colegiadas o individuales) las que determinen “los requisitos de admisión…” Lo que significa poner el derecho a la educación en manos de instancias que una y otra vez han aplicado restricciones a la matrícula, exámenes del Ceneval, cuotas y condiciones restrictivas para la permanencia. Y significa hacer a un lado la normatividad que ya existe y se aplica para el acceso a las instituciones de los niveles superiores.

Por todo lo anterior, una educación llena de contradicciones y conflictos, sin utopías, con escasos procesos organizativos propios y democráticos, y, peor aún, conducida por actores que claramente no están pensando en cambiar radicalmente de visión y de esquema, sino en mantener lo más posible –así sea generando conflictos entre maestros– las realidades de proyectos del pasado. Es lo que explica la pobreza de miras de los cambios constitucionales y legales, y lo concreto y básico de sus luchas. En todos los niveles. Como la lucha de los estudiantes en 1999-2000 por la gratuidad, un congreso universitario, la permanencia, el rechazo al Ceneval, y de unos años para acá la lucha de las mujeres. Y la lucha de maestros y maestras (CNTE) a partir de 2012 contra una reforma profundamente autoritaria y agresiva, y también, la demanda airada de las y los trabajadores de la UAM que el año pasado mantuvieron una larga huelga y que ayer decidían si iniciar otra por la misma causa: la redistribución del presupuesto universitario para acabar con una enorme diferenciación salarial (una distancia de 20 veces entre el ingreso más bajo y el más alto, cuando antes de la era neoliberal era de seis).

Estos son los efectos de cambios constitucionales y legales que desde 1980 han creado procedimientos que garantizan la menor participación posible de estudiantes y trabajadores organizados y que fortalecen a las autoridades. Se propician distorsiones, corrupción y fuertes conflictos al interior de las instituciones. Habría que apostarle a un proyecto educativo de gran calado para la educación en conjunto –básica y superior–, que incluya, además del derecho pleno a la educación y la gratuidad inmediata, estabilidad laboral, salarios dignos para todos y la creación de espacios de participación democrática amplia de estudiantes y trabajadores universitarios organizados. De otra manera, la educación, una vez más, quedará rezagada y convertida en inoperante por el clima de autoritarismo y la reiterada necesidad de resistir.

*UAM-Xochimilco