Defensa del río Metlapanapa y de Miguel López
iguel ahora es un rehén del Estado vinculado a proceso”, advirtió el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, organización a la que pertenece Miguel López, detenido el 24 de enero y liberado cinco días después en medio de la presión ejercida por el movimiento indígena nacional.
Miguel López, integrante también del Congreso Nacional Indígena, fue acusado injustamente de los delitos de ataque a las vías de comunicación y los medios de transporte, así como obstrucción de obra pública, quedando vinculado a proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, con la intención de mantener bajo presión a él y al movimiento que se opone al Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en Ciudad Textil, a través del cual se pretende la descarga de aguas industriales en el río Metlapanapa.
Pero ni Miguel López ni la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, están atemorizados. Los que deberían estar en la cárcel son las personas que están asesinando nuestros ríos, que están cortando los árboles, principalmente las empresas del Corredor Industrial Huejotzingo
, dijo el defensor ambiental y comunicador comunitario luego de ser liberado.
La criminalización de los defensores del río se mantiene, pues además del proceso que continuará Miguel, existe una orden de aprehensión contra Alejandro Torres Chocolatl, también de Zacatepec, y la amenaza de realizar más detenciones de ambientalistas indígenas, siguiendo el camino trazado desde 2012, cuando en esta región se inició la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Tanto Miguel como Alejandro fueron amigos y compañeros de Samir Flores, defensor nahua de Amilcingo y también opositor al PIM, asesinado el 20 de febrero de 2019 sin que hasta la fecha se haya dado con el o los culpables.
Esta semana el proyecto de descarga de aguas industriales en el río Metlapanapa fue clausurado por el ayuntamiento de Juan C Bonilla, pero los pobladores exigen su cancelación definitiva, pues hasta el momento ni la libertad de Miguel López ni la cancelación del proyecto son una realidad tangible.
