Al impedir que organizaciones civiles y religiosas hagan su trabajo de monitoreo de las estaciones migratorias, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está aplicando una política errática que obstaculiza el derecho a defender las garantías básicas de los indocumentados y solicitantes de refugio, en un contexto de crisis humanitaria en ese terreno, advirtieron organizaciones de derechos humanos.

En conferencia de prensa, representantes de diversos colectivos –entre ellos Amnistía Internacional (AI), Asylum Access y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos–rechazaron el anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) que impedía la entrada de ONG a estaciones migratorias, el cual fue echado atrás unas horas después por la Secretaría de Gobernación (SG).

Consideraron que la notificación del INM no es un malentendido ni una acción aislada, pues la negativa a emitir o renovar permisos de ingreso a dichas estaciones ocurre desde el año pasado, lo cual implica una acción de criminalización hacia el trabajo de los activistas que documentan los abusos contra trabajadores internacionales sin documentos.

Asistimos a una política migratoria que obedece a los intereses y presiones de Donald Trump antes que a las promesas que hizo la 4T. Nos hemos convertido en el brazo ejecutor del muro de Trump y en el traspatio de Estados Unidos, lamentó Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.

Por su parte, Rita Robles, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señaló que el oficio del INM no puede ser enmendado con una simple declaración o una contraorden de la SG, puesto que dicha acción sienta un precedente negativo que puede volver a activarse en cualquier momento y que sigue impidiendo el acceso de organizaciones civiles a los centros de detención. El daño ya está hecho, destacó la activista.

Por todo lo anterior, las organizaciones exigieron al Estado mexicano que se abstenga de cualquier acción que criminalice y obstaculice su derecho a defender las garantías básicas, y que reactive de inmediato el permiso de ingreso de los colectivos que llevan a cabo acciones de monitoreo, acompañamiento y representación legal de migrantes y solicitantes de refugio.

De igual manera, llamaron a las autoridades a dar lo más pronto posible las facilidades necesarias para la realización de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las fronteras norte y sur del país.