El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Eduardo Santillán, afirmó que sería pertinente que una vez que llegue al Senado el paquete de reformas en materia de administración y procuración de justicia, se considere establecer que los delincuentes vinculados a grupos del crimen organizado y considerados de alta peligrosidad sean ingresados directamente a penales de alta seguridad.

Tras la fuga de reos relacionados con el cártel de Sinaloa del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco, el legislador de Morena consideró además cuestionable que mediante amparos o por decisiones de los jueces que llevan sus procesos penales, se permita que internos con esa clasificación permanezcan en prisiones preventivas.

Explicó que aun cuando el gobierno de la ciudad ha reforzado las medidas de seguridad en el sistema penitenciario, no deja de ser suficiente ante el poder y los recursos de que disponen personas como Víctor Manuel Félix Beltrán, identificado como uno de los principales operadores financieros de dicho cártel, aunado a que tampoco es conveniente la convivencia de reos de alta peligrosidad con los internos que están siendo procesados por delitos del orden común.

En entrevista, luego de participar en el foro internacional Protección de datos personales, privacidad para la persecución del delito y la rendición de cuentas, organizado por el Instituto de Transparencia capitalino, Santillán no descartó inclusive que el Congreso local haga uso de su facultad para proponer reformas ante el Legislativo federal, para que ese planteamiento quede establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la legislación del Poder Judicial de la Federación.

Explicó que internar a presos con perfil criminal alto en reclusorios preventivos permite que éstos impidan mediante amparos ser trasladados a penales de alta seguridad, o que, como en este caso, luego que se realiza el traslado a pedido del gobierno de la ciudad, jueces federales les concedan la protección de la justicia para que sean regresados a los centros de reclusión.