n días recientes, la marcha por la Verdad, Justicia y Paz, ha sido motivo de atención para la prensa de nuestro país. Las exigencias de un alto a la violencia y una mejor política de seguridad inevitablemente nos hacen recordar al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, que en 2011 de igual forma exigía un alto a la violencia y, entre otras medidas, la aprobación de la Ley General de Víctimas. Nueve años después, la marcha que presenta exigencias similares hace que nos sea evidente la inefectividad de las respuestas institucionales ante la violencia y la delincuencia en el país, y despliega la posibilidad de volver a mirar la emergencia nacional en torno a las víctimas, su dolor y fragilidad que desde aquel entonces no han hecho más que incrementarse dramáticamente año con año.

Desde diciembre de 2006, momento en que inició la guerra contra el narcotráfico, hasta 2019 se tiene registro de poco más de 280 mil víctimas de la inseguridad por muertes violentas, de las cuáles 141 mil 378 corresponden al periodo 2015-2019. La tasa de homicidios y feminicidios entre 2015 y 2019 aumentó 87.4 por ciento. En 2018 se tuvo registro de 24.7 millones de víctimas de delitos, lo cual es una cifra a la baja, pues sólo se denunciaron 10.6 por ciento de los delitos, y peor aún, sólo en 6.8 por ciento del total se inició averiguación previa o carpeta de investigación, es decir, se trata de un subregistro.

Al universo de las víctimas del delito, tendríamos que sumar el propio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con los registros oficiales en 2018 se estiman 158 mil 758 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Sólo en materia de desaparición, a la fecha se tiene registro de 61 mil 637 personas desaparecidas en el país.

No hay duda que si vivimos en un México ensangrentado, igualmente vivimos en un país con millones de personas que han sido víctimas de la violencia, ya sea entre particulares, por parte del crimen organizado, o, peor aún, víctimas de la propia violencia del Estado. Esta afirmación debería llevar implícito que las estrategias y políticas relacionadas con el combate a la inseguridad tendrían que poner en el centro a aquellas personas que ya se han visto agraviadas por la violencia generalizada.

Hoy en México calificar a una persona como víctima, no lleva consigo una intención estigmatizante sino la necesidad de caracterizar una condición que conlleva una dimensión jurídica, en reconocimiento de la cual se deberían habilitar distintos derechos, pero, sobre todo, obligaciones de las instituciones del Estado para atender y acompañar a las personas, precisamente porque tienen la calidad de víctimas.

La numeralia referida arriba nunca logrará, sin embargo, expresar la estremecedora realidad que viven las víctimas diariamente. Actualmente podemos afirmar que de manera generalizada las víctimas están abandonadas en México. Si bien es cierto que hay esfuerzos relevantes que se están construyendo en el país alrededor de un sistema nacional forense, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la ideación de registros no sólo más honestos, sino que también ayuden a decantar la profundidad de la realidad; todos ellos son apenas pasos iniciales que deben madurar y consolidarse como una política de Estado que realmente pueda estar a la altura de las dimensiones de la tragedia que vive nuestro país.

Poner en el centro a las víctimas significa tener plena conciencia de cuál es la obligación de Estado frente a un hecho de violencia y luego frente a las personas que lo padecen, pues su vida se ve fracturada en un antes y un después, tal como apunta Arturo Aguirre (2016: 47): se trata del daño ocasionado a, en, contra un ser singular, irrepetible en su existencia, localizable en su espacio, vulnerado en su ser expuesto. Sólo a partir de ello, se puede entender un gran paquete de necesidades de índole humana frente a la violencia, como es la atención a la salud y la rehabilitación, entre otros muchos; pero, ante todo, la necesidad de que exista justicia, verdad y reparación.

El 99 por ciento de los delitos denunciados en México no se investigan, ese es nuestro déficit inicial frente a las víctimas. La pregunta es ¿por qué acudir ante las fiscalías o procuradurías si no se va investigar? Más aún, el trato que le dan a las víctimas se encuadra en un continuum de violencia. No bastando los propios hechos que se denuncian, cuando se acude ante las autoridades, la respuesta es violenta, ya sea por la inacción, por la ausencia de empatía, porque se pone en riesgo la integridad de la propia denunciante, porque se les criminaliza responsabilizándoles de lo sucedido o porque se les traslada la propia carga de investigar. En resumidas cuentas, eso es a lo que llamamos revictimización.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó un México sumido en la violencia, pero igualmente un México con millones de personas que se asumen como víctimas de dicha violencia. Eso debería persuadir a los gobiernos a poner de una vez por todas a las víctimas en el centro, lo cual no se ha hecho en la pasada década y, en sentido contrario, se han implementado estrategias de corte semimilitarizante que han resultado fallidas. No es posible la reconciliación social y la reconstrucción del tejido social, sin procesos de justicia, verdad y reparación.

Es necesario reiterarlo: toda estrategia de combate a la inseguridad, de rediseño del sistema de ombudsperson y de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); de fortalecimiento de las fiscalías, de democratización de las policías, de construcción de paz, de ciudadanización de los poderes judiciales, de reforma al sistema carcelario e inclusso hasta de diseño de políticas frente a las drogas, debe poner en el centro a las víctimas. Sólo así se comenzará a dar respuesta a los millones de personas que han padecido en carne propia la violencia y sólo así podremos decir que estamos aprendiendo de los errores del pasado y comenzando a trazar un futuro distinto.