El nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas fue una imposición que costará alrededor de 6 mil millones de pesos a las empresas, aseguró el sector privado, aunque mantienen la esperanza de que a través del diálogo con el gobierno federal se llegue a una solución.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que preocupa el nuevo etiquetado, que será similar al existente en Chile, pues reiteró que no resuelve el problema de obesidad que sufren los mexicanos y no fueron escuchadas las empresas, pese a los argumentos presentados para crear un etiquetado que proporcione más información al consumidor.

Indicó que la iniciativa privada está de acuerdo en modificar el etiquetado por otro más claro, que incluya una propuesta para combatir la obesidad e incrementar el ejercicio físico de la población, así como cambiar las fórmulas de los productos para reducir las calorías, grasas, sodio y azúcares añadidos.

Señaló que la Secretaría de Economía inclinó la balanza en favor del nuevo etiquetado de octágonos negros. El voto de calidad que se tuvo que dar en el virtual empate lo dio la SE, quizás sin pensar las consecuencias que esto puede tener sobre toda la cadena de valor, dijo.

Alejandro Malagón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), aseguró el costo por cambiar el etiquetado puede ascender a 6 mil milllones de pesos, monto que sólo se refiere al cambio físico y no considera el costo de propiedad intelectual.

Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) indicó que el etiquetado, que ocupará una tercera parte del envase, puede provocar una baja de 25 por ciento en el consumo de productos procesados por la industria.

Impacto a productores

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que si esa afectación se hace realidad, ello se traducirá en un decrecimiento en el sector primario de 42 mil toneladas, pues usualmente las industrias procesadoras ocupan 75 por ciento de la producción, alrededor de 171 mil toneladas. Destacó que las empresas agroalimentarias recurrirán al amparo contra la nueva norma oficial mexicana 051.

A la pregunta de si recurrirán al amparo colectivo, Salazar Lomelín aseguró que la iniciativa privada está estudiando los recursos legales, pero da prioridad al diálogo con el gobierno federal y subrayó que se puede dialogar y llegar a una solución del problema.