La decisión de Carlos Alberto Vergara de hacer público el abuso sexual que sufrió por parte de un sacerdote franciscano, y mediante ese ejercicio de libre expresión superar los traumas ocasionados por ese hecho y alertar a otros de los riesgos en esa congregación, le trajo como irónico resultado una prohibición a manifestarse.

Los responsables de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México demandaron penalmente a este abogado de 24 años por discriminación, de acuerdo con el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México. El precepto se refiere a los ataques a la dignidad humana y la anulación de derechos y libertades. En la querella también acusaron a su madre.

A cambio de otorgarles el perdón, exigieron que Carlos borrara todo testimonio sobre la denuncia que presentó.

Resuelto a no soslayar lo que define como un agravio a su derecho a expresarse, Carlos relata: “Fui víctima del delito de estupro entre 2010 y 2011. Entre 2011 y 2012 de acoso sexual y violencia emocional y sicológica, y en 2012 de una violación. Esto por el sacerdote José Manuel Jiménez Santos, quien murió en octubre de 2014. En marzo de 2019 denuncié el abuso ante mecanismos eclesiásticos; aun con el silencio de esas autoridades y el acoso recibido, decidí hacer públicos los hechos el 6 octubre de 2019 en un video en redes sociales.

“ Al día siguiente presenté un escrito ante la congregación religiosa denominada Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México solicitando se atendiera el caso. Intenté entregar el escrito en la dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pero no lo aceptaron por considerar que no había omisiones por parte de esa orden religiosa.

“Además, marqué copia a la Nunciatura apostólica y ese mismo día en la noche recibí la notificación de haber sido denunciado por el delito de discriminación por el video del 6 de octubre.

“Ante esto, presenté un nuevo escrito dirigido al arzobispo primado de México (cardenal Carlos Aguiar Retes) y con copia al nuncio apostólico (Franco Coppola) el 11 de octubre.

“El 19 de diciembre se realizó una reunión conciliatoria en las oficinas del tribunal eclesiástico y donde la orden religiosa se disculpó por lo ocurrido y se comprometió a retirar las denuncias en mi contra. Pero un día después el Ministerio Público me entregó un citatorio para presentarme el 23.

“En esa fecha, la abogada Virginia N. (representante de la parte acusadora) me agredió llamándome pinche mugroso, delincuente e incivilizado y me amenazó para que retirara todo rastro de la denuncia por abuso sexual o se negaría a otorgarme el perdón, aunque eso no estaba ya sujeto a discusión por el acuerdo que se había firmado el 19 de diciembre”.

Por todo eso, Carlos se vio forzado a hacerlo. Lo que hicieron fue callarme.