El gobierno federal, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, hace lo necesario para forzar que la mano de obra de plataformas digitales pague al fisco, mientras ninguna iniciativa se ha promovido para garantizar los mínimos derechos y prestaciones laborales a conductores y repartidores de esas empresas.

A mediados del año pasado, Hacienda abordó el tema de los ingresos e impuestos de este sector. Primero con un programa piloto y ahora con un esquema que, de manera unificada, operará a partir del primero de julio. Las plataformas como Uber, Cabify, Beat, Sin Delantal y Rappi retendrán impuestos a sus socios, sin pagar ellas mismas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aidé Moreno, repartidora, y Rogelio Padilla, conductor, trabajan de lunes a domingo en promedio 12 horas al día. No cuentan con un trabajo adicional, ni aguinaldo, ni vacaciones, incluso carecen de indemnizaciones por accidentes de trabajo, mientras todo el material e insumos necesarios para su desempeño corre a cargo de ellos.

A escala mundial se debate cómo gravar a estas empresas y las ganancias se acumulan. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) exhibió que en 2017 sólo cuatro plataformas digitales –entre ellas Uber– tuvieron ventas en México por mil 282 millones de dólares, sin que ello se tradujera en utilidades para sus socios.

“Día que yo no trabajo, día que no genero (…) Sí es mi responsabilidad pagar impuestos, pero así como tengo una obligación tengo un derecho a la salud y días de vacaciones. La leyenda de la empresa es: ‘no eres un empleado, eres un socio’, pero tampoco así te dan ningún beneficio, no sirve de nada”, explica Moreno, quien participa en el colectivo Ni un repartidor más.

Tanto su gremio como el de los conductores se enfrentan a tributar como prestadores de servicios, sin respaldo de la aplicación a la que generan ganancias. Entre los testimonios de empleados se encuentra el caso de Rappi que hasta hace poco omitía apoyo en caso de accidente, con el agravante de que el repartidor herido debía pagar el producto no entregado, hasta el de un conductor de Uber que hace dos años desapareció con su vehículo en un viaje a Texcoco. Aún no lo encuentran, relata Padilla.

Trabajadores se organizan

Los conductores tienen grupos en redes sociales por medio de los que monitorean sus viajes, se dan avisos de zonas peligrosas, incluso fallos en las aplicaciones. Por otro lado, ni un repartidor más agrupa a más de 300 personas. Se apoyan para agilizar la llegada de una ambulancia en caso de accidente y promueven la agenda de derechos laborales en reuniones con las plataformas.

Del otro lado se encuentra el sindicado independiente de repartidores por aplicaciones, que está en vías de formalizarse ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Si vamos a pagar impuestos, que sirva de algo para nosotros. Hay compañeros a los que los están citando en el SAT para hacer sus declaraciones, pero la falta de conocimiento es tal que no lo logran, explica Alfonso Morales, secretario general de la organización.

Todo ello mientras la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoció en noviembre pasado que carece de leyes para hacer que las plataformas sean reconocidas como patrones.

Ello ha devenido en la precarización del empleo. Aidé, quien trabaja como repartidora desde hace un año en varias plataformas, relata que le retienen impuestos desde septiembre –incluso de las propinas– y se han abaratado más de 50 por ciento los envíos que recibe. Debe trabajar más horas para compensar las quitas.

Padilla explica que él factura de 7 mil a 10 mil pesos por más de 48 horas de trabajo. En este último caso su ingreso se reduce a alrededor de 6 mil pesos y de ahí paga sus gastos. Didi le retiene 18 por ciento por viaje; Uber, 38 por ciento, ello sin impuestos. El carro es de él y debe sufragar los pagos de gasolina, impuestos, verificaciones, mantenimiento y seguro.

Esta parte fiscal es injusta porque nos descuentan de nuestro ingreso directamente. No hay un aumento en el costo de nuestro pedido y no se está incluyendo la deducción fiscal que nos correspondería por gastos de gasolina, mantenimiento de la bici, de la moto y herramientas, apunta Alfonso Morales.

Otro conductor de Uber, que prefiere el anonimato, reconoce que la empresa le recomendó darse de alta en (el régimen de) incorporación fiscal. Hasta el momento no le han retenido impuestos.

La constante es que las aplicaciones trabajan esquemas distintos y la información va a cuenta gotas. Rappi comenzó a retener impuestos el primero de enero, después lo suspendió mientras no hubiera reglas claras, explica Morales. Uber Eats retiene sin dar aviso al SAT, el contribuyente debe enterar al organismo, explica Aidé.

Eso dicen los trabajadores. Del lado de las plataformas, Cabify respondió de manera amplia a este medio. Se buscó a Rappi mediante su agencia de relaciones públicas en México, pero no se pudo concretar la comunicación. Otras empresas más comprometieron una respuesta más amplia esta semana.