ebería ser evidente, pero no lo es. Sin un Estado capaz de articular la miríada de intereses que conforman la economía y, al mismo tiempo, promover, sostener y auspiciar, mediante la inversión y el gasto público, la inversión privada no hay posibilidad de cambio. Simplemente, nohay crecimiento económico, ni de la producción, ni del empleo. No puede haber desarrollo porque éste depende, en buena medida, del trabajo suficiente y bueno y de que el Estado produzca los bienes públicos indispensables para la vida de cualquier sociedad. Un Estado pobre no puede superar la pobreza de su gente. Sólo reproducirla.
Partir de otras premisas lleva a conclusiones distintas, pero la mayoría de la sociedad busca buena ocupación, significada por salarios remuneradores y cierta estabilidad; una vida sin carencias en asuntos vitales como la salud, la alimentación, la educación y el techo. También, seguridad pública, certeza jurídica y movilidad.
Nada de eso, o muy poco, tiene hoy la mayoría mexicana graduada
del cambio globalizador de fin de siglo XX. El ingreso no creció, en consonancia con la trayectoria demográfica, ni se aprovecharon las ganancias del comercio exterior, logradas con la apertura y el TLCAN, para sembrarlas y realizar un cambio estructural que tuviera como eje rector a los intereses nacionales. El cambio quedó en obra negra
y la democracia, alcanzada también a fines del siglo, se presenta inconclusa en cuanto a sus potencialidades de gobernanza y cambio social y, lo peor, es cuestionada acremente por muchos de quienes han sido usufructuarios de la apertura político-electoral y, en esa medida, deberían ser sus principales centinelas.
Enmendar los entuertos y limar adiposidades, debería formar parte del gobierno que promete una transformación, un cambio de régimen. Mudanzas que deberían estar sostenidas en una batería de propósitos y convocatorias ya puestas en circulación y debate político y plural, pero no ha sido así. Además de definir y precisar los términos de la empresa y los criterios de evaluación, es urgente que el gobierno y su partido ajusten las cuentas con los grandes faltantes que nos han acompañado ya por más de tres decenios; en particular, asumir la flagrante debilidad fiscal del Estado y su posible y cruel correspondencia en materia de cuadros dirigentes y operadores de alto nivel en la administración pública.
Sin esta voluntad política, plasmada en presupuestos y buena gestión, continúa latente el riesgo de no contar con los instrumentos y herramientas necesarios para corregir la ruta y echar a andar por nuevas coordenadas. Iniciando el segundo año del gobierno ésta debiera ser la tarea primordial. Fortalecer el Estado pasa por la reforma hacendaria, tributaria y del gasto público; pero también implica (re)novadas maneras de dialogar y de fomentar la deliberación para, en verdad, (re)construir una economía mixta a la altura de los retos del siglo XXI.
La legitimidad nunca es otorgada. Se gana y se construye. Se concreta y reproduce gracias a un Estado democrático, social, de derecho y derechos. Dispuesto a respetar y cumplir con sus obligaciones fundamentales.
