Zacatecas, Zac., Durante 2019 se presentaron 682 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CEDHZ), por presuntos abusos de servidores públicos que laboran en las policías preventivas municipales y estatales, en la de Investigación, así como en agencias del Ministerio Público.

En segundo lugar fueron señalados funcionarios y servidores públicos a quienes se atribuyó trasgredir las garantías individuales, que son empleados en ayuntamientos, escuelas primarias y secundarias, al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

María de la Luz Domínguez Campos, titular de la CEDHZ, presentó su informe anual de labores. Advirtió que de las 682 quejas, 24 fueron de carácter oficioso; es decir, resultado de violaciones graves a los derechos humanos, que el organismo inició por hechos violentos ocurridos en los penales de Cieneguillas y Fresnillo.

Agregó que también se iniciaron seis quejas de oficio por supuestos abusos sexuales cometidos en escuelas primarias de los municipios de Jerez, Tabasco, Saín Alto, Zacatecas, Vetagrande y Ojocaliente.

Otra queja oficiosa relevante se derivó de hechos acontecidos en las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas el 10 de abril pasado, cuando fue acribillada la estudiante Anayeli Noemí Delgado Gallardo, de 22 años, quien era empleada del Poder Judicial de Zacatecas.

El agravante es que por haber amenazas de muerte previas, por presuntos integrantes del crimen organizado, Anayeli Noemí tenía custodia permanente de dos policías estatales preventivos, un hombre y una mujer, que la dejaron sola al momento del ataque.

Cuando se buscó al asesino de la joven dentro de las mismas instalaciones de la escuela de Derecho, cinco policías ministeriales adscritos a la Policía de Investigación detuvieron con violencia y ultimaron a Marco García Benavides, un técnico en reparación de celulares que se encontraba ahí.

En su recomendación por la muerte de García Benavides, la CEDHZ reprochó un uso excesivo de la fuerza utilizada por los agentes de Investigación, lo que se traduce en una ejecución extralegal o arbitraria, vulnerándose su derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la verdad. Calificó la muerte de Marco como un atropello al derecho a legalidad y seguridad jurídica, que consideró imputable a diversos funcionarios, entre ellos el director general de la Policía de Investigación, el director general de Servicios Periciales, los agentes de la Policía de Investigación, Ministerio Público y el director de la Unidad Académica de Derecho, entre otros.