l presidente Andrés Manuel López Obrador fue siempre reacio a impulsar procesos legales en contra de sus antecesores en el cargo y sus equipos, no porque hubiera establecido con ellos un pacto de impunidad
, como lo reclamaron los ruidosos opositores de la derecha que se dice ciudadana sino porque juzgó prioritario concentrarse en las transformaciones que requiere el país y no perder tiempo ni energía en un conjunto de laberintos legales de resultados obligadamente inciertos, complicados y desgastantes. Dijo y repitió que si bien la Presidencia no emitiría consigna alguna para emprender una investigación sistemática de los integrantes del viejo régimen corrupto, tampoco encubriría a nadie ni interferiría con acusaciones –viejas o nuevas– que pudieran surgir. Y ha cumplido.
Sin embargo, de manera inevitable, han ido surgiendo indicios de delitos posiblemente cometidos en Los Pinos por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y colaboradores o amigos cercanos de los tres; baste con citar, entre los casos más destacados, los procesos vigentes en contra de Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, ex colaboradores cercanísimos de Peña, y el que se sigue en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el calderonato y jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Fox.
En días recientes se dio a conocer una investigación periodística de Anabel Hernández según la cual García Luna se habría entrevistado en varias ocasiones, ya en tiempos de Peña Nieto, con el mismo Carlos Salinas de Gortari, lo que dio pie a especulaciones sobre las presuntas intenciones de la justicia estadunidense de llegar, por medio del ex hombre fuerte de Calderón, hasta el primer presidente mexicano abiertamente neoliberal, el fundador del orden político y social oligárquico que se vino abajo el primero de julio de 2018.
A decir verdad, el proceso penal de García Luna en el país vecino lleva a plantear varias preguntas desconcertantes. La primera de ellas es si efectivamente los fiscales estadunidenses realmente pretenden lograr una suerte de efecto dominó
entre las filas del grupo corrupto que se apoderó de las instituciones durante más de tres décadas al sur del río Bravo. Debe tenerse en cuenta que ese grupo, representado por políticos del PRI y del PAN, se caracterizó por una abyecta sumisión a Washington y por la entrega paulatina de potestades gubernamentales, recursos naturales y filones de soberanía a la superpotencia: desde el TLC firmado por Salinas hasta la reforma energética impulsada por Peña, pasando por la adjudicación de los ferrocarriles nacionales a empresas gringas por Zedillo, la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) por George W. Bush y Fox, y por Calderón, que entregó a entidades públicas y privadas de Estados Unidos el diseño y la operación de la política de seguridad. Y cabe preguntarse, sin descartar nada, qué podría motivar a la justicia estadunidense en perjudicar a quienes fueron tan leales servidores de los intereses de Washington. Aunque por otro lado es históricamente cierto que a la Casa Blanca le da en ocasiones por torcerle el pescuezo –literal o metafóricamente– a sus empleados más fieles.
Otro dato que no debe perderse de vista es que García Luna operó en todo momento en colaboración y entendimiento con entidades del gobierno estadunidense a las que puede igualmente acusarse de vínculos con el narcotráfico, como la DEA y ATF. Durante el espuriato de Calderón la primera participó en operaciones de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, en tanto que la segunda le suministró en dos ocasiones fusiles de asalto. Un tercer cabo suelto de obligada referencia es el de las pugnas legendarias entre la DEA y la CIA –pleitos que fueron, a juicio de algunos, el telón de fondo del asesinato del agente antidrogas estadunidense Enrique Kiki Camarena en Guadalajara en 1985– y la participación de la segunda –en los años ochenta del siglo pasado– en el diseño de las rutas de tránsito de la cocaína a través del territorio mexicano, en el contexto de la operación Irán-Contras. ¿Están los fiscales y jueces que participan en el juicio a García Luna dispuestos a seguir las huellas del narcotráfico hacia las dependencias gubernamentales de su propio país?
Por último: es cierto que en Estados Unidos juzgadores y acusadores disponen de un margen de autonomía ante la Casa Blanca y el Congreso. Pero debe considerarse también que unos y otros forman parte de un sistema de justicia profundamente injusto que lo mismo negocia con criminales, absuelve a policías asesinos, persigue a héroes de la verdad como Julian Assange y ordena con una frecuencia aterradora la ejecución de inocentes y de inimputables.
En esas manos está el destino del ex hombre fuerte de Calderón y también, posiblemente, el de altos ex gobernantes mexicanos, y más vale no dar nada por sentado.
Twitter: @Navegaciones
