Al pedir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que brinde su autorización para que se puedan consultar todos los documentos relacionados con las actividades de los cuerpos de policía política de décadas pasadas, el Archivo General de la Nación (AGN) pone trabas innecesarias para el análisis de dichos acervos, los cuales, en teoría, ya pueden ser consultados sin restricciones al formar parte de archivos históricos.

Así lo afirmó un grupo de investigadores y académicos de diversas instituciones, el cual advirtió que el anuncio del AGN no tiene razón de ser y podría significar un indicio de que el acceso a documentos históricos se va a ir restringiendo cada vez más, con el argumento de la protección a los datos personales.

Como se recordará, el pasado 16 de enero el AGN emitió un comunicado en el que informó que le había solicitado al Inai que permitiera la consulta íntegra de los fondos documentales relacionados con las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y General de Investigaciones Políticas y Sociales (Dgips).

De acuerdo con el máximo recinto archivístico, tal decisión obedecía al propósito de que se puedan consultar sin restricciones los documentos de ambos organismos de inteligencia –que datan de 1924 a 1985–, aunque los expedientes puedan contener datos personales sensibles.

En conferencia de prensa, los historiadores inconformes con dicha petición explicaron que no es necesario solicitarle al Inai que autorice la difusión de los mencionados archivos, pues éstos son de carácter histórico y por lo tanto ya pueden ser consultados por el público de forma abierta, sin que se les considere reservados o confidenciales.

Por lo anterior, consideramos que la petición no sólo es innecesaria, sino que puede ser interpretada como una maniobra para eludir las responsabilidades del AGN como rector de las políticas archivísticas nacionales, manifestaron los investigadores en un pronunciamiento que ha recibido el apoyo de más de 200 de sus colegas, de México y el extranjero.

En ese contexto, llamaron a que el AGN realice diversas acciones urgentes, entre ellas publicar la convocatoria a la instalación de su Consejo Técnico y Científico Archivístico, para que éste defina los criterios de gestión de los acervos en su poder; presentar un informe sobre los fondos documentales recibidos gracias al acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019, y dar cuenta detallada de cómo se están manejando los expedientes de la DFS y la Dgips.