Cuernavaca, Mor., Nueve de los 18 magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitaron por escrito al Congreso del estado una auditoría especial y urgente a los recursos asignados al TSJ por los gobiernos federal y estatal, así como por el fondo auxiliar, ante la crisis financiera en que, aseguraron, se encuentra el organismo que encabeza la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Los jueces Carlos Iván Arenas Ángeles, Luis Jorge Gamboa Olea, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Nadia María Luz Lara Chávez y Ángel Garduño González enviaron la solicitud al presidente de la mesa directiva de la 54 Legislatura, el diputado Alfonso Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social.

Los magistrados pidieron revisar el uso de los recursos públicos, incluidos los del fondo auxiliar (obtenidos por el cobro de copias certificadas), ante la notoria crisis financiera en la gestión de Cuevas.

Controversias para obtener más presupuesto

Señalaron que la funcionaria ha presentado un sinnúmero de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que le asignen más presupuesto con el argumento de que el TSJ carece de recursos para el pago de pensiones jubilatorias, pese a que el Congreso local aprueba las jubilaciones de los servidores públicos del TSJ.

En noviembre del año pasado el gobierno del estado reasignó 26 millones de pesos al TSJ para pagar algunas pensiones –a pesar de que ya había recibido 523 millones de pesos– y quitó recursos a educación, cultura y desarrollo social, entre otras áreas.

Los inconformes demandaron a los diputados locales que, en aras del principio de transparencia al que está obligado todo ente público, se conozca el manejo de los recursos públicos asignados al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, atendiendo también a que durante la gestión de quien lo preside actualmente ha crecido exponencialmente el número de jubilaciones de servidores públicos.

Asimismo, piden que se indaguen las causas de este fenómeno y la probable violación de derechos fundamentales de los servidores públicos del TSJ, algunos de los cuales, estando en edad y condición productiva, han optado por su retiro jubilatorio anticipado, señala el documento.

En noviembre de 2018 La Jornada dio a conocer que 15 magistrados violaban leyes estatales y federales al tener en la nómina de ese organismo a familiares, amigos y otras personas cercanas, algunas de las cuales ni siquiera cumplían el perfil, empezando por la presidenta del TSJ.

Carmen Cuevas tenía a ocho personas cercanas en la nómina, entre ellos su padre, Juan Manuel Cuevas Jiménez (quien falleció en febrero de 2019), su hermana Patricia Cuevas López y sus sobrinos Edwin Jassen y Brian López Viazcan, así como a familiares políticos y amigos de sus parientes.