l 18 de enero de 2019, a poco más de un mes y medio de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, unos 2 mil migrantes provenientes de Centroamérica entraron a México por Tapachula, Chiapas, sin que militar, policía o burócrata alguno les pidiera que realizaran trámite alguno, sino hasta muchas horas después.

Pasamos por el puente. No hubo ningún problema, pues no había vigilancia y nada nos dijeron. No se miraba a nadie en las oficinas y las puertas estaban abiertas, dijo uno de esos migrantes a Elio Henríquez, corresponsal de La Jornada en aquella entidad federativa (https://bit.ly/36cllwb). Tonatiuh Guillén, quien era director del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó a reporteros que los recién llegados deberían registrarse para obtener beneficios como visitantes regionales o trabajadores fronterizos. El funcionario aseguró que se estaba frente a un nuevo paradigma de México con la población que llega por el sur del país; es una nueva política migratoria que no tiene que ver con caravanas, es una decisión soberana de México con el sur.

El propio López Obrador, aún como presidente electo, había dicho el 18 de octubre de 2018: Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos; ese es un plan que tenemos, el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo. La presunta recepción gubernamental con brazos abiertos a los migrantes y las vivas a México que en aquellos meses lanzaban dichos viajeros, cambiaron de manera abrupta a partir de que el gobierno de Donald Trump se empecinó en convertir a México en un tercer país seguro (para depositar acá a solicitantes de asilo en el país imperial mientras sus casos son resueltos en las propias cortes estadunidenses) y, sobre todo, cuando amagó con imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno obradorista no frenaba de manera contundente la migración centroamericana deseosa de ingresar por vías irregulares a Estados Unidos.

En la primera semana de junio del año pasado, Trump anunció, victorioso: Me complace informar que los Estados Unidos de América han alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por Estados Unidos el lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente, pues México había aceptado aplicar medidas enérgicas para detener la marea de la migración.

Así fue como México se convirtió en la Migra bis, en el muro exigido por el propio Trump, en el ejecutante en el sur de su territorio de las mismas prácticas de persecución de migrantes que se denunciaban y repelían cuando en el sur de Estados Unidos eran aplicadas contra mexicanos, en el reverso de la política migratoria histórica. Así fue como se ha llegado a escenas de integrantes de la Guardia Nacional reteniendo a mujeres centroamericanas con niños para que no intenten cruzar el río limítrofe entre México y Estados Unidos; así fue como se llegó a momentos como los vividos ayer, con militares, policías y agentes del INM desplegados en operativos enérgicos para evitar el ingreso a territorio nacional.

La administración obradorista está entrampada: debe cumplir los acuerdos con Trump, a riesgo de que éste reanude sus amenazas de imposición de aranceles u otras venganzas de tipo comercial o financiero. Además, el aspirante a un segundo periodo en la Casa Blanca está sumamente atento a cualquier posibilidad de restablecer a México y los mexicanos como villanos de incentivo electoral ante sus sufragantes. Podría decirse que buena parte de la viabilidad y mantenimiento de los logros y proyectos de la llamada Cuarta Transformación dependen de que no se abran flancos de combate con la belicosa administración Trump. De ese tamaño es el reto que se libra en la frontera sur de México, pero se procesa políticamente en la Oficina Oval de Washington. ¡Hasta mañana!

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