Buenos Aires. Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó ayer en esta ciudad que el golpe de Estado en su país también tuvo una motivación económica.

En rueda de prensa el ex ministro de Economía aseveró que el gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez muestra “muchos desaciertos en el manejo de la economía.

La gente entiende que estamos volviendo al pasado, está asustada retirando el dinero de los bancos, la estabilidad está en riesgo, advirtió el aspirante.

Añadió que el régimen golpista intenta destruir las empresas públicas para después privatizarlas. Es volver al viejo modelo neoliberal, vivimos 20 años con ese modelo, y en ese tiempo no vimos el progreso de los últimos 14 años, sostuvo el abanderado del MAS.

En la Bolivia de Áñez no existen garantías para hacer política de manera libre, se inventan juicios con el pretexto de que uno es terrorista, de que está incitando y desestabilizando, cuando en realidad uno tiene derecho a ser opositor y hacer escuchar su voz, señaló.

Gracias a las políticas económicas y sociales del presidente derrocado Evo Morales (2006-2019), sacamos de la pobreza a más de 2 millones de personas que hoy están en la clase media, defendió Arce, entrevistado por Luis Hernández Navarro en estas páginas el 4 de enero ( https://cutt.ly/Frbbk39 ).

En este contexto, el Congreso bicamaral de Bolivia fue convocado hoy para considerar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, informó el senador Omar Aguilar, algo que genera confusión institucional y política dos meses después de las dimisiones.

El artículo 170 de la Constitución señala que el presidente cesará en sus funciones por muerte o por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aguilar mencionó que la Asamblea tendrá que tomar una decisión respecto a si acepta las cartas de renuncia o las rechaza.

Morales, asilado primero en México tras dimitir obligado por la cúpula militar en noviembre pasado y luego en Argentina desde diciembre, se declaró presidente en funciones, hasta que el Congreso rechace o apruebe su renuncia. Si el Parlamento no acepta su dimisión, sigue siendo presidente hasta el 22 de enero, es decir, mañana, cuando termina su gestión de cinco años.

La sesión congresal de hoy es una situación sui géneris, porque el Tribunal Constitucional reconoció la legalidad del mandato de la derechista Áñez en noviembre y, además, la semana pasada autorizó la ampliación de su administración, hasta la formación del nuevo gobierno entre junio o julio.