León, Gto., La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió el año pasado 37 recomendaciones a tres gobiernos municipales por siete casos de desaparición forzada. El ombudsman Raúl Montero de Alba precisó que 17 de los documentos se enviaron al gobierno de Celaya, nueve al de Comonfort y otros tantos a la administración de Cortazar.

Celaya es gobernado por Elvira Paniagua Rodríguez, Cortazar por Ariel Corona Rodríguez –ambos del Partido Acción Nacional (PAN)– y Comonfort por el ex panista José Carlos Nieto Juárez, hoy militante de Morena.

En septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) arrestó a Martín Isaías N, policía de Celaya que fue vinculado a proceso por desaparecer a dos ciudadanos del estado de México. Por ese hecho, el también agente municipal Nicolás N fue sentenciado a 15 años de prisión; además, se le despidió y expulsó de manera vitalicia del servicio público, informó la FGE en noviembre anterior.

En octubre del año pasado se aprehendió a tres policías de Cortazar por secuestrar y desaparecer a tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a quienes entregaron al cártel de Santa Rosa de Lima, según la FGE. Dos de esos uniformados eran familiares de Hugo Estefanía Monroy, ex alcalde perredista de Cortazar, asesinado el 30 de noviembre.

Montero de Alba recordó que los gobiernos locales deben inscribir a los parientes de desaparecidos en el registro a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Con ello las familias pueden tener acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, como estipula la Ley General de Víctimas, señaló.

En el caso de las desapariciones forzadas se requiere una política pública encaminada a la búsqueda e identificación de las víctimas, consideró.

El ombudsman celebró el acuerdo entre el gobierno de Guanajuato y familias de desaparecidos para crear la Comisión Estatal de Búsqueda, la instalación de mesas de trabajo y la creación de una bolsa de 10 millones de pesos para respaldar a parientes de los ausentes. Se atenderá a los familiares de las víctimas que consideren que las autoridades han vulnerado sus derechos humanos, anunció.

Raúl Montero se reunió el jueves pasado junto con el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con parientes de desaparecidos y colectivos defensores de los derechos humanos, quienes aseguraron que personal de la FGE los ha maltratado y no recibe sus querellas.