El juzgado décimo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia federal a los representantes de la empresa ICIT Private Security México, y a Jonathan Alexis Weinsberg Pinto, vinculados con el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, luego de que la Secretaría de Hacienda les congeló cuentas e inversiones financieras como parte de la investigación que se inició contra el ex funcionario mexicano detenido en Estados Unidos por presuntamente haber recibido sobornos de grupos delictivos.

Además, los fiscales y la defensa de García Luna solicitaron al juez Brian M. Cogan, encargado del juicio, que considere y declare el caso como complejo debido a que el gobierno considera que cuenta con un expediente voluminoso relacionado con la conducta del acusado, quien laboró durante casi dos décadas en la élite del gobierno mexicano.

Ni a la hermana

En tanto, en los juzgados mexicanos también negaron la suspensión provisional solicitada contra el congelamiento de cuentas que presentó Esperanza García Luna, hermana del ex funcionario.

Información de funcionarios del Poder Judicial, señala que en los tres casos el juzgador mantendrá vigente la clausura de las cuentas debido a que se trata de una investigación de carácter transnacional en la cual autoridades de Estados Unidos tienen interés y hay acuerdos binacionales en los que se sustenta la decisión.

En un recurso de amparo presentado el pasado 2 de enero, Esperanza García Luna solicitó la protección de la justicia federal mediante una suspensión provisional, pero deberá esperar el resultado de la audiencia constitucional que se realizará el 2 de marzo para conocer si le conceden el amparo.

Respecto de la empresa ICIT, la compañía propiedad de la familia Weinsberg, dueños de la residencia que ocupaban Genaro García Luna y su familia en Miami, fueron beneficiarios de contratos durante la gestión del ex funcionario, ya que además dan servicios relacionados con programas de cómputo para espionaje, también recibieron contratos relacionados con la venta de equipo y tecnología empleada por los elementos de la Policía Federal.

De acuerdo con los registros judiciales, tanto ICIT como Jonathan Alexis Weinsberg Pinto presentaron su solicitud de amparo a la ley el pasado 15 de marzo y ayer les fue notificada la negativa de suspensión provisional para que la UIF descongele sus cuentas, y las audiencias constitucionales se realizarán los días 2 y 6 de marzo.

Los aseguramientos financieros en territorio nacional están relacionados con la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) de manera paralela a la estadunidense por la presunta comisión de delitos por parte de García Luna, y se ordenó la clausura de cuentas a personas cercanas al ex secretario, porque presuntamente se ha descubierto que diversas dependencias habrían desviado recursos públicos y realizaron contratos de bienes y servicios de manera ilegal cuando García Luna se desempeñó como alto funcionario público; y parte de esos recursos habrían llegado a familiares de él y a empresarios beneficiados en su gestión.

Más descubrimientos

En un oficio enviado por el fiscal Richard Donoghue, se refiere que las autoridades han hecho descubrimientos que van más allá de señalamientos descriptivos y por ello piden al juez Cogan que considere aceptar la moción planteada en la audiencia del próximo martes en la corte de Brooklyn, Nueva York.

García Luna fue detenido en diciembre en Texas y fue puesto a disposición del juez Cogan, el mismo que llevó el proceso penal contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua.

En el escrito entregado por el fiscal Donoghue se refiere que en el expediente acusatorio su contenido no está limitado a la obtención de grabaciones sino que cuenta con pruebas y evidencias obtenidas de otras naciones en las que se le menciona y que fueron proporcionadas con base en tratados y acuerdos de intercambio de información.

Se hace referencia a que tanto los fiscales estadunidenses como la defensa solicitan al juez que considere el caso como un asunto complejo y reconsidere que se trata de un asunto en el que se debe analizar los señalamientos en la óptica de la justicia criminal y por ello también solicitaron que durante la audiencia del próximo martes se autorice que la siguiente comparecencia se lleve en un plazo de al menos 60 días

El escrito lo dio a conocer una dependencia de Estados Unidos y se entregó un día después de que su fiscal general de Justicia, William Barr, visitó México y se entrevistó con el gabinete de seguridad, particularmente con su homologo Alejandro Gertz Manero.