En manos del Congreso está evitar la privatización de semillas nativas que implica el T-MEC: Ana Lilia Rivera

En la Cámara de Diputados esperan discusión y dictamen la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) y la Ley de Fomento y Protección de Variedades Nativas de Maíz. La primera iniciativa, propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez y el SNICS, y la segunda, por las senadoras Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez.

La LFVV es la crónica de un desastre anunciado para el campo mexicano, que permitirá patentar genes y variedades, cancelará los derechos milenarios de uso e intercambio de semillas de los productores, prohíbe la derivación esencial de nuevas variedades a partir de las que se siembran actualmente, permitiría que se cometa el despojo más terrible al apropiarse de las variedades nativas por los oligopolios y grandes corporaciones, al contaminarse con variedades patentadas. Esa iniciativa de ley permitirá colateralmente la autorización de siembras comerciales de transgénicos. Favorece a los productores de berries, ornamentales, hortalizas, y criminaliza a los productores que siembran sus propias semillas, que seleccionan e intercambian semillas. México tiene la obligatoriedad de adherirse al Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), al ratificar el T-MEC, pero hay 4 años de límite para hacerlo. El país debe esperar y buscar una salvaguarda que evite el desastre y la privatización completa con la LFVV, lo cual es factible, como ha ocurrido con el adendum e incorporación de cambios en aspectos que se consideran relevantes.

La LFVV cancelaría la posibilidad de lograr la suficiencia y soberanía alimentaria con variedades nacionales; de aprobarse México quedaríamos completamente en manos de Monsanto, Pioneer, Syngenta, Driscoll, etc.

Por su parte, la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo privilegia la conservación, acceso, intercambio y uso de semillas nativas y acceso a su consumo sano por los mexicanos. Es una ley declarativa que atiende el derecho humano a la alimentación sana.

La Ley Federal de Variedades Vegetales favorece los intereses de las empresas semilleras, en tanto que socava la soberanía y suficiencia alimentaria del país, criminaliza las semillas campesinas, ignora que las semillas que desarrollaron los campesinos se basan en sus propias semillas seleccionadas a partir de sus cultivos, sin las restricciones de cualquier forma de propiedad intelectual sobre ellas. Es decir, se trata de un robo de los bienes comunes. La LFVV pretende ubicar a México en el ACTA UPOV 91 (Ribeiro, 2019).

Paralelamente a esa LFVV, el director general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), quien también promueve la Ley señalada, en entrevista con La Jornada, indicó recientemente que “la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) trabaja en un marco normativo “para que en el corto plazo hagamos una propuesta de ley para la conservación, uso sustentable y reparto justo y equitativo de los beneficios de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”; supone que es posible “zanjar el “choque” existente entre fitomejoradores que generan nuevas variedades de semillas y aquellos que conservan la riqueza genética nativa. Según el director del SNICS, se requiere contar con una legislación que trate temas de conservación, uso sustentable y reparto justo y equitativo de beneficios, lo anterior, contrario a su dicho, no ayudaría a solucionar las diferencias entre conservar las variedades nativas y usufructuar a través del fitomejoramiento, y reciben título de obtentor”. 

Es incomprensible creer que desde el SNICS se podrían proteger las variedades nativas, cuando desde ahí se promueve y privilegia la sustitución de maíces híbridos y se promueven los transgénicos desde las administraciones pasadas.

La LFVV se elaboró en 2008, y no prosperó en la Cámara de Diputados, porque pretendía prohibir la derivación esencial de variedades nativas, derecho milenario de los campesinos, basado en intercambio de semillas. 

Reciclado ese intento, ahora lo pretenden proponer como complemento a la LFVV, de la mano de  la Subsecretaría de Agricultura y las corporaciones para simular que se favorece a los recursos genéticos.

El SNICS señala que trabajan en una propuesta de iniciativa de ley de “fomento para conservación, uso sustentable y reparto justo y equitativo de beneficios”, lo que no corresponde con los planteamientos de la LFVV, pues las semillas originarias no pueden ser registradas como propiedad de nadie. “Sobre las semillas nativas no se puede dar título de obtentor, porque no presentan las tres características (requeridas para ello), esto es, que sea distinta, que sea homogénea y que sea estable. En cambio los híbridos los título de obtentor permiten que las empresas dueñas de esos títulos, reclamen cuando los materiales nativos posean genes o fragmentos de ADN, de las híbridos protegidos.

La respuesta ante esa iniciativa debe ser la protección de variedades nativas, como se ha hecho con las leyes de Tlaxcala, Estado de México y los procesos que se están dando en Colima y Michoacán. La actual Ley de Semillas, es el seguimiento de la Ley que promovía el mismo SNICS años atrás, aunque ahora aseguran que representa la alternativa ante la Ley de Fomento y Protección de Maíces Nativos, lo que no es así.

Resumiendo, la intención de la iniciativa de LFVV es cancelar definitivamente la posibilidad de lograr la suficiencia y soberanía alimentaria para México.

Esta iniciativa prohíbe el intercambio de semillas, de innumerables variedades, que llevan a su parcela semilla y la mezclan, luego seleccionan y vuelven a sembrar, aparentemente esto podría hacerse, pero si el nuevo material del productor tiene genes o fracciones de ADN, de variedades con título de obtentor el dueño de esa variedad es quien tiene los derechos de propiedad intelectual.

Se reconocen 2.3 millones de parcelas en las que se siembran de una a tres variedades diferentes, que se recombinan sus 50 mil genes y que esas recombinaciones generan nuevas variedades con resiliencia y adaptación al cambio climático.

La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil y 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien “aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas”.

A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos “delitos” carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas “preventivas” contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una “posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren”. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales.

El T-MEC en proceso de ratificación en USA y Canadá contiene la obligatoriedad de que México cambie a UPOV ACTA 91, pero aún es posible lograr que se retire esa cláusula en algún adendum como se señaló recientemente.

Los ganadores de que México se ubique en UPOV acta 91, son los exportadores de berries, productores de ornamentales, hortalizas, grandes empresas de semillas de oligopolios y los  perdedores de la aprobación de esta ley y del paso a la UPOV91 son los productores nacionales, empresas mexicanas y la investigación pública.

En la Cámara de Diputados es fundamental que los diputados no aprueben la LFVV, por ser lo mejor para nuestro país, centro de origen y diversidad del maíz.

En el contexto de la firma del T-MEC, México debe proteger su agrobiodiversidad y a las comunidades campesinas que  la han propiciado a través de generaciones, aprobando la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo. •