Organismos autónomos esperan conocer con precisión los alcances de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la Ley del Sistema Anticorrupción local, sobre la designación de los titulares de sus contralorías internas que bajo esa norma efectuó el Congreso capitalino en diciembre pasado.

De invalidarse también los nombramientos, explicaron que hasta en tanto el Legislativo les notifique la nulidad de la norma y las designaciones, permanecerán en funciones y sus actos son válidos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashielli Ramírez Hernández, explicó que el pasado 18 de diciembre recibieron del Congreso la notificación del nombramiento de Martha Elena Chicano como titular del órgano interno de control, pero en caso de que se revoque por efectos de la sentencia de la SCJN, no quedaría descubierta el área porque se designaría a un encargado de despacho hasta en tanto el Congreso apruebe la ley y repone el procedimiento para su designación.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Alonso Castillo Pérez, de Morena, explicó que las reformas que el Congreso había aplicado a la ley revirtieron la intención que tuvo en su momento la extinta Asamblea Legislativa de hacer del Sistema Anticorrupción un reparto de cuotas y generar redes de protección política.

Ejemplo de esto, agregó, fue la pretensión de ratificar en la Secretaría de la Contraloría al entonces titular de la misma dependencia, Eduardo Rovelo Pico, quien estuvo de hecho en la terna que envió el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

De la misma manera se buscó que el titular de la Fiscalía Anticorrupción fuera nombrado mediante una propuesta de Mancera, mientras el grupo mayoritario conformado en esa última Legislatura por el PRD, el PAN y el PRI se repartirían las designaciones de los contralores en la totalidad de las dependencias y organismos del gobierno central.

Eso, explicó Castilllo, se logró detener al ser admitida la acción de inconstitucionalidad que promovieron los asambleístas de Morena y que en este primera Legislatura del Congreso se había corregido ya en la ley.

En cuanto a los contralores de la organismos constitucionales autónomos –que sí son designados por el Poder Legislativo– en caso de que se invalide su nombramiento en el Instituto Electoral de la Ciudad de México entraría como encargado de despacho el titular de la dirección de responsabilidades, pero en tanto no se notifique continuará al frente Francisco Calvario Guzmán.

Por otra parte, en el Instituto de Transparencia el Congreso de la Ciudad de México designó a Gabriela Ángela Magdaleno del Río como su titular.