Buenos Aires., La dirigente social del movimiento Tupac Amaru de Jujuy, Milagro Sala, cumplió ayer cuatro años de detención ilegal dispuesta por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la derechista alianza Cambiemos, a pesar de las resoluciones de organismos internacionales en favor de su liberación, que la justicia dependiente los gobiernos estatal y federal (del ex presidente Mauricio Macri) nunca cumplieron.

Hace cuatro años, a poco de su llegada al gobierno, Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR), partido centenario que hoy está dividido y prácticamente desaparecido en su identidad por la alianza con la ultraderechista Propuesta Republicana, de Macri, ordenó la detención de Milagro Sala, acusándola de una protesta pacífica que se realizaba en la plaza frente a la sede del gobierno jujeño, por los despidos y el cierre de cooperativas de trabajadores.

Estas medidas tendían a desaparecer la obra de construcción de miles de casas para los más pobres de una provincia que se caracteriza por sus altas cifras de indigencia y pobreza, además del abandono de las comunidades indígenas. Con ayuda del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la cooperativa dirigida por Milagro Sala construyó barrios con casas levantadas por quienes las iban a habitar y también escuelas, centros de salud y deportivos que nunca habían tenido los pobres de Jujuy, provincia manejada de manera feudal. Esto tuvo una gran repercusión internacional.

A pesar de todo este trabajo que cambió la vida de miles de personas en esa provincia, Sala fue mantenida junto con otras compañeras en prisión preventiva y para impedir su libertad los jueces, abiertos aliados de Morales, comenzaron a crear una serie de causas judiciales, sin pruebas, violando el estado de derecho, como sucedió en el país en los últimos cuatro años.

De esta manera se generó un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, señaló en un comunicado ayer Amnistía Internacional (AI), como surge de un documento del Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, de octubre de 2016.

También la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaron a Argentina adoptar medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala, lo que fue reafirmado en agosto de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, recordó AI.

Ante las exigencias de los organismos Sala fue enviada por un tiempo a una casa semidestruida, no a la suya como mandaba la ley, rodeada de alambradas y gendarmes ante quienes tenía que mostrarse cada día.

En estos momentos está detenida en su casa, pero siempre bajo estricta vigilancia. Otros siguen en la cárcel y algunas de sus compañeras están en igual situación, lo cual es ilegal y violatorio de los derechos humanos. La mayoría están seriamente afectadas en su salud por el brutal trato recibido en prisión.

El miércoles comenzó una vigilia que duró hasta ayer en el Obelisco, en pleno centro de esta capital, convocada por el comité por la libertad de Milagro Sala y de otros detenidos políticos.

Cada vez que se vencía la prisión preventiva por órdenes de Morales los jueces encontraban la forma de prorrogarla, como hasta ahora. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. El Estado deberá rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos en contextos de ejercicio de la protesta social, concluyó AI en su comunicado.

En entrevista en Salta con Página/12, Sala, quien continúa su lucha capacitando a compañeros y escribiendo un libro, se consideró rehén política del gobierno de Morales, quien está en la mira por su participación en el golpe contra el presidente Evo Morales, de Bolivia, que limita con Jujuy.

En una reunión de organismos humanitarios con el presidente Alberto Fernández hace dos días se le reprochó por los presos políticos de Argentina, pero el mandatario, abogado penalista, recordó que son detenciones arbitrarias por una ilegal acción judicial mediante la cual se encubre la persecución política, lo que originó un debate entre algunos sectores. Algunos detenidos ya han salido porque ha sido imposible para los jueces inventar una prórroga para mantenerlos encerrados.