n los primeros días de diciembre pasado el dictamen estaba listo y consensuado para llevarlo al pleno senatorial, pero a Ricardo Monreal se le ocurrió la brillante idea de enviarlo a la congeladora legislativa para evitar que, mediante el voto mayoritario, el Congreso diera la puntilla a la creciente práctica del outsourcing ilegal.

La iniciativa respectiva fue presentada en octubre pasado por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, y el objetivo es, en esencia, impedir abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y de las finanzas públicas, evitar la precarización del empleo, erradicar elusión y evasión fiscal o de seguridad social, combatir la negativa al reparto de utilidades y las relaciones simuladas de trabajo. Pero el legislador zacatecano operó a favor de las empresas ligadas al outsourcing ilegal, las cuales, dicho sea de paso, crecieron como la humedad en los sexenios calderonista y peñanietista.

Sin embargo, todo indica que los tales empresas y sus guaruras legislativos son los únicos interesados en que dicha práctica se mantenga intacta, porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador subrayó lo siguiente: “queremos informar a trabajadores y a patrones, de manera especial a los patrones, que se enteren que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas (facturas falsas, ligadas al outsourcing ilegal) se consideran delito grave y significa, en el caso de que resulten responsables, ir a la cárcel sin derecho a fianza”.

La acción gubernamental y la aprobación en el pleno senatorial del mencionado dictamen redondearían la acción en contrade las llamadas factureras y la práctica del outsourcing ilegal, pero el ex gobernador de Zacatecas decidió proteger otros intereses para evitar cerrar pinzas en un esquema que afecta a trabajadores y fisco.

De hecho, el presidente López Obrador detalló una serie de acciones gubernamentales para impedir la práctica de facturas falsas y el abuso que se hace en contra de trabajadores. Todo esto que vimos el fin de año, que de repente las empresas despiden a miles de trabajadores para no pagarles prestaciones. Se comprobó, entre otras cosas, que 14 mil empresas despidieron a 60 mil trabajadores. Pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380 mil trabajadores. Algo increíble.Esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, ni pagar impuestos.

Y todos los cierres de año sucede lo mismo. Por ejemplo, como aquí se documentó en días pasados, en diciembre de 2000 –inicio del sexenio foxista– se cancelaron 340 mil empleos; en igual mes de 2006, con el comandante Borolas en Los Pinos, fueron 303 mil y 233 mil en el arranque de EPN (con López Obrador, 378 mil en el último mes de 2018).

El director general de IMSS, Zoé Robledo, explicó que la subcontratación ilegal tiene un efecto nocivo, desde hace muchos años, en los ingresos públicos y particularmente en los de esa institución, porque las empresas no ingresan las cuotas que corresponderían al salario de los trabajadores, y esto tiene una afectación histórica en los ingresos del Seguro Social que, desde luego, durante años afectaron la posibilidad de la atención médica o el crecimiento en infraestructura y de la propia capacidad instalada. Y de cereza detalló: de septiembre a diciembre (de 2019) se identificó un primer grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las que había cerca de 860 mil trabajadores a quienes se les negaban sus derechos laborales.

Entonces, a descongelar el dictamen de referencia y de allí al pleno. Solo así se erradicará el cáncer de las factureras y el outsourcing ilegal.

Las rebanadas del pastel

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso ratificó (28 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones) a Raquel Buenrostro como nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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