res ciudadanos, a los que se sumó un sector de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey iniciaron un movimiento para impedir que se construyera una pista para automóviles de carreras en el interior del parque Fundidora. Es el espacio de lo que fuera la antigua maestranza fundada en 1900 y símbolo de la industrialización de Monterrey; hasta su cierre, en1986, cuando inició el proceso de desindustrialización del país y su etapa neoliberal.

En un movimiento que se intentó hacer ver como compensatorio del cierre de la siderúrgica, el gobierno federal decretó la donación de su superficie al pueblo de Nuevo León con la finalidad de que pudiera servir como un pulmón para lo que ha venido a ser la ciudad más contaminada de América Latina.

Los hombres de negocios de la región vieron en el espacio de la ex Fundidora, como lo dicen en su jerga, una oportunidad más de lucro. Y pronto diversas construcciones le fueron ganando espacio al pulmón.

Aquellos tres ciudadanos y el sector social que coincidía con su defensa del Parque Fundidora esperaban ser no sólo escuchados, sino comprendidos por las autoridades locales, entonces encabezadas por el gobernador panista, Fernando Canales Clariond. Como otros gobernantes, el empresario que inauguraba en Nuevo León –a escala estatal–, la llamada alternancia del poder, confundía propiedad pública con negocios privados. Por supuesto, puso oídos sordos al reclamo ciudadano y abrió las puertas a la pista de carreras para automóviles. Molestias para los vecinos por la tormenta de decibeles y al cabo, con su cancelación, una pérdida para las finanzas públicas.

Pero los negocios debían continuar su ascenso, así fuese contra la integridad de la población. Sobre todo contra su salud. Tuvo lugar, así, la redelimitación del Parque Nacional Cumbres. Los ricos necesitan, para vivir, amplios jardines donde puedan haber albercas, lagos, acaso espacio suficiente para cavar sus hoyos de golf. Algunos de ellos han hecho su fortuna construyendo casas de interés social con un espacio poco mayor al de aquellas donde reposan sus perros. Oportunidad, negocios, o fuentes de trabajo, privilegios. Desigualdad social y enfermedades crecientes. Y todo mediante permisos aparentemente legales emitidos por las autoridades, que con frecuencia encarnan en socios de los depredadores.

Ahora se planea construir un estadio para 80 mil espectadores. ¿Dónde? En el Parque Fundidora. No hay día en que los monitores de la calidad del aire no registren malas noticias y que éstas se traduzcan en enfermedades diversas: desde las epidérmicas y respiratorias hasta las cancerosas y neuronales (la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las enfermedades a combatir con mayor atención en el presente año son aquellas vinculadas a la ansiedad y la depresión).

Bajo el gobierno priísta encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz se destruyó un bosque, se afectaron las aguas de un río y la circulación en un sector del Monterrey metropolitano para construir un estadio (una de las modalidades de las cantinas). Igual, los defensores del ambiente se organizaron, los siguió un considerable grupo social, pero nada pudieron frente a los promotores de tal estadio (Femsa-Heineken) y los funcionarios que crearon las condiciones para que se construyera contra lo que fuese.

Las autoridades federales, estatales y municipales no se hacen cargo, o se coluden con los agresores, de la contaminación y otros agentes en perjuicio, primero, de la naturaleza (atmósfera, aguas, flora) e inmediatamente después en perjuicio de la salud de la población.

Vale la pena preguntarse por qué los daños contra la salud son severamente castigados si su fuente es el narcotráfico, y daños semejantees que provienen de otras fuentes gozan de un amplio margen legal y, claro, de impunidad cuando lo violentan. Los daños contra la salud son perjuicios contra la salud y deben castigarse igual, independientemente de su procedencia.

Uno de aquellos tres ciudadanos que lucharon por mantener intocado el Parque Fundidora, el industrial y ambientalista, Guillermo Martínez Berlanga, ha continuado en su empeño de frenar a los hombres de negocios que no pueden ver un espacio rural o urbano sin trazar una cuadrícula de propiedad y hacer un cálculo financiero sobre lo que con su especulación les puede redituar, y a sus cómplices, los funcionarios estatales de turno. No por nada a este grupo lo ha llamado ecomafia. Claudia Tapia, hija de otro de ellos –ya fallecido–, desde su escaño en el Congreso del estado, se suma por fortuna al mismo propósito.

En Nuevo León hay acciones que incrementarán los daños a la salud, al derecho de los seres humanos a vivir exentos de males agregados a los ya existentes, y aun al patrimonio natural e histórico de la entidad, como ya se ve en la zona montañosa llamada La Huasteca.

Antes fue bajo autoridades panistas o priístas. Ahora hay un gobierno federal diferente que podría impedir los intentos de destrucción y daño final a los seres humanos. Su legitimidad depende de que haga notar, en la práctica, esa diferencia.