l presidente de México aseguró ayer en su conferencia de prensa mañanera que respecto del problema grave de la inseguridad pública, va a haber solución pronto, me estoy comprometiendo. El (próximo) día uno de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año va a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista, aquí lo vamos a ver si tenemos resultados.

La frase no encierra un compromiso inequívoco de que las estadísticas criminales del país van a bajar de manera contundente. En realidad, Andrés Manuel López Obrador planteó lo que en otras ocasiones y ante otros retos políticos o administrativos ha sostenido: que se están sentando las bases para modificaciones trascendentes de la realidad del país. Sin embargo, y dado que sus palabras se produjeron en respuesta a las preguntas de un periodista (Jorge Ramos, de una estación televisiva que en Estados Unidos transmite en español), se produjo la percepción de que el habitante de Palacio Nacional estaría ofreciendo cambios sustanciales en la materia mencionada dentro de poco más de 10 meses.

Toda estimación apresurada resultará necesariamente equivocada en cuanto a la explosión de violencia que azota al país entero. Aun cuando podría estarle ganando la necesidad de ofrecer alguna expectativa de mejoría en el corto plazo, lo cierto es que el propio presidente López Obrador detalló en esa misma conferencia de prensa los varios y densos factores que han creado el espectro trágico del México actual. Una acumulación de ingredientes explosivos y de difícil remoción que constituyen, junto con la situación económica general del país, el reto mayor al hiperactivo tabasqueño que concentra un enorme poder (la fotografía de su reunión de año nuevo con gobernadores, y el menú intensamente tropical que les ofreció, en un ejercicio de gastronomía política), pero que no es suficiente para ofrecer mejoría rápida y sostenida en las materias mencionadas.

Viene una nueva prueba para el gobierno mexicano en materia de migración centroamericana rumbo a Estados Unidos. Una caravana organizada en Honduras camina rumbo a Guatemala para tratar de entrar luego a México y procurar alcanzar el cada vez más hipotético sueño americano.

Según lo dicho por el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei (conforme a un reporte de Reuters), que ha tomado posesión de su cargo apenas el martes pasado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard le aseguró que la administración obradorista no dejará pasar tal caravana y usará todo lo que esté en sus manos para impedir tal tránsito. Habrá un muro en México que los migrantes no podrán penetrar, dijo Giammattei que le había expresado Ebrard.

Esas caravanas suelen encerrar enigmas. Hay observadores que no creen en el carácter espontáneo de tales caminatas, aun reconociendo que subsisten las mismas condiciones socioeconómicas que en años anteriores generaban procesos similares de búsqueda de llegar a suelo estadunidense.

Más allá de las motivaciones reales que pudieran tener los promotores y organizadores de esas marchas, lo cierto es que colocan al gobierno obradorista en la necesidad pragmática de cumplir con el compromiso hecho ante Washington de contener esas movilizaciones de centroamericanos, y de oriundos de otros países y continentes, a cambio de que la Casa Blanca no imponga aranceles a productos mexicanos.

La mayoría morenista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión evitó que fueran convocados a comparecer dos personajes que están en el centro de la polémica nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. De esa forma, los dos servidores públicos se han salvado, por lo pronto, de enfrentar a legisladores federales de una minoría muy activa en confrontar el paso del Seguro Popular al Insabi.¡Hasta mañana!

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