Las cuentas bancarias del padre y los abuelos del niño que disparó en una primaria de Torreón serán congeladas porque sus movimientos de dinero no corresponden con la actividad económica declarada, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

Durante la reunión entre gobernadores e integrantes del gabinete de seguridad se habló de las investigaciones en torno al menor que introdujo a la escuela armas presuntamente tomadas de su casa. El caso –y la indagatoria conjunta– fue puesto como ejemplo de la coordinación eficiente entre ambos niveles de la administración pública, y de la pertinencia de crear unidades de inteligencia patrimonial y económica en todas las entidades.

La propuesta del gobierno federal es crear, además, una base de datos conjunta para investigar presuntos ilícitos.

El titular de la UIF hizo comentarios a la prensa luego de participar en la sesión de la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que asistieron los altos mandos de seguridad y de las fuerzas armadas.

“Encontramos flujo de recursos que no corresponden con la forma usual por parte de la señora Rebeca N (abuela del menor)y los señores José Ángel N, padre e hijo, y esto ha generado la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la fiscalía del estado y la General de la República y evidentemente estamos en proceso de congelamiento de cuentas, en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas”, dijo.

Ante los mandatarios estatales y funcionarios, Nieto precisó que se hallaron millonarios flujos (así como patrimonio de vehículos de lujo e inmuebles) que podrían constituirse en acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero, según fuentes consultadas presentes en el encuentro.

Más tarde, el funcionario dijo a los reporteros que la indagatoria de la UIF fue a petición del gobierno de Coahuila y, ante la celeridad de los resultados, la dio como ejemplo de esta coordinación y del uso de este mecanismo útil (unidades estatales) en el combate a los grupos delictivos.

El proyecto de la UIF es que las 32 entidades cuenten con este tipo de unidades de inteligencia financiera (actualmente 26 cuentan con esa instancia) que estarían enlazadas a una plataforma digital tecnológica y de comunicación, con criterios de información homologados.

Los estados, a su vez, darían datos relacionados con el registro civil y de la propiedad, así como de padrón comercial y de vehículos.

La Federación daría información financiera y de los sujetos obligados por actividades vulnerables para generar más casos que lleguen a tribunales, expuso Nieto.