a devolución a México del avión presidencial que se ha negado a usar Andrés Manuel López Obrador encajó de inmediato en la lógica de confrontación automática y sin matices que puebla redes sociales y espacios de opinión pública.

Para los opositores al Presidente de la República, tal regreso de la aeronave constituye un fracaso de su intención comercializadora y una demostración de que en Palacio Nacional se toman decisiones ocurrentes y sin el adecuado sustento técnico.

Los seguidores del político tabasqueño y sus políticas, a su vez, enfocan la imposibilidad de vender dicho avión como consecuencia de una herencia de gobiernos anteriores (el de Felipe Calderón, que lo compró, y el de Enrique Peña Nieto, que lo usó), de tal forma que el alto costo original de ese faraónico aparato de navegación y su reducido radio de aplicación práctica le habrían convertido en pieza de muy difícil comercialización.

Más allá de los posicionamientos en los extremos, lo cierto es que la intención comercializadora no prosperó y que implicó gastos totales cercanos a 30 millones de dólares a lo largo de un año de estancia en un hangar californiano. Si alguien trata de vender un producto, paga un alto precio por mantener dicha mercancía en exhibición y a disposición de posibles compradores, y no cierra ninguna operación, es sin lugar a dudas un fracaso en esos términos.

Sin embargo, la negativa a utilizar dicho avión por parte del entonces candidato y luego presidente de la República, López Obrador, le ha significado una constante sintonía con millones de mexicanos que aprecian el hecho de que el político de mayor relevancia en el país rechace privilegios y extremas comodidades que, como dice con insistencia el titular del Poder Ejecutivo, resultan ofensivas para un pueblo con tantas carencias.

Como ha sucedido con otros temas (uno de los más recientes, el de la llanta ponchada en Sonora, rumbo a un encuentro con familias mormonas), ciertos enfoques formales se desmoronan por falta de practicidad política. El avión mencionado es un símbolo del distanciamiento derrochador de la cúpula del poder político mexicano respecto a la sociedad y, a bordo de esa nave, se practicaron algunos de los hechos de abuso, insensibilidad social y despilfarro que más critican los mexicanos y que, por ello, abrieron el camino a la opción presidencial obradorista.

Así como abrir Los Pinos a quien desee conocer esa ex residencia presidencial ha permitido a los mexicanos comprobar hasta dolorosamente la opulencia en que se movían el anterior ocupante de Los Pinos, su esposa, hijos, familiares y amigos, bastaría abrir al público el interior de la mencionada nave presidencial, cuando ya esté instalada en nuestro país, para confirmar que aun cuando hubiera costos como el registrado en California o pérdidas por depreciación en caso de su eventual venta, en este México ha sido una buena decisión que su Presidente se abstenga de viajar en ella, por congruencia personal y por respeto a la sociedad.

El gobierno de Coahuila, a cargo del priísta Miguel Ángel Riquelme, colocado en el cargo por el antecesor Rubén Moreira, va de ocurrencia en ocurrencia en busca de fijar sólo en el ámbito familiar lo sucedido en un colegio de Torreón: primero habló, fuera de foco, de un videojuego, Natural Selection, como presunta inspiración del niño que disparó en su escuela y causó muertes y heridos, cuando en realidad la inspiración era uno de los tiradores de la preparatoria de Columbine, en Estados Unidos. Luego, la fiscalía estatal detuvo al abuelo del niño, acusándolo de comisión por omisión, debido a las armas que tenía en su casa. Y ahora se han congelado las cuentas bancarias del abuelo y la madre del niño, a petición indagatoria del mismo gobierno coahuilense. Y, mientras los gobernadores comieron con el Presidente de la República, pero no hablaron ahí del tema del Seguro Popular y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ¡hasta mañana!

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