ace apenas 10 días, cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) local había librado una orden de aprehensión contra Raymundo Collins –ex titular del Instituto de Vivienda (Invi)–, quedaba claro que el ex funcionario habría de comparecer, más temprano que tarde, para rendir cuentas de las irregularidades detectadas durante su gestión.

Ni siquiera el amparo contra la orden de captura y comparecencia que, curándose en salud, había interpuesto el 23 de diciembre ante un juez de distrito de amparo penal parecía suficiente para evitar que acabara por declarar sobre un millonario desvío de fondos detectado por el órgano de control interno del Invi.

Y poco después, cuando se supo que ante este mismo organismo habían sido presentadas cinco denuncias penales y demandas administrativas, por anomalías registradas cuando el ahora prófugo lo dirigía –de 2012 a julio de 2018–, la cita de Collins con la justicia parecía ineludible.

Diligente, la titular de la PGJ capitalina, Ernestina Godoy, informó horas después de emitida la orden de aprehensión que el ya para entonces declarado formalmente prófugo no estaba en la capital de la República pero aún se hallaba en territorio nacional, y no tardaría en ser detenido, porque todas las fiscalías de México se habían coordinado para encontrarlo.

Hasta donde sabemos no ha salido del país, dijo la procuradora, e informó que la dependencia a su cargo había solicitado al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta para evitar que el ex titular del Invi traspasara las fronteras nacionales rumbo al extranjero.

El 6 de enero, en el acto de inauguración del Consejo Ciudadano de Iztapalapa, la funcionaria ratificó su confianza en la pronta detención del fugitivo. Ya sabemos dónde está, aseguró, sólo necesitamos hacer todo el trámite.

Prefirió no dar más detalles del asunto, para no vulnerar los derechos de quien también había sido secretario de Seguridad Pública en la anterior administración de la ciudad; pero en todo caso quedaba claro que la autoridad judicial capitalina conocía el paradero de Raymundo Collins, por lo que su arresto sólo podía ser cuestión de tiempo.

Sin embargo, apenas ayer y cuando la Procuraduría General de Justicia ya opera con su nueva denominacion: Fiscalía General de Justicia (FGJ), fuentes de la institución informaron lacónicamente que no habían podido dar con el requerido. Lo estamos buscando para ejecutar la orden de detención que hay en su contra.

Y revelaron que solicitarían a las autoridades federales ayuda para ubicarlo, y a la Interpol emitir su conocida ficha roja, una solicitud de detención de alcance internacional, con el fin de apresar finalmente a Collins.

Y ya en plan de franca incertidumbre, dijeron no saber si había salido del país, y menos aún si se presentaría el 17 de enero ante el juzgado que dio entrada a su demanda de garantías, para capturarlo ahí. Ese día fue fijado por la justicia federal para decidir otorgar o no el amparo promovido.

Sea cual sea el desenlace de la historia, el seguimiento dado al caso de Raymundo Collins por parte de la PGJ/FGJ da la sensación de haber sido, cuando menos, poco consistente.