Con una protesta a las afueras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos exigieron reunirse con la titular del organismo, Mara Gómez.

Omar Bello Pineda, vocero y fundador de la agrupación civil, aseguró a La Jornada que la CEAV ha retrasado por meses los recursos a los que tienen derecho por ley los comunicadores que pertenecen al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y son enviados a otros estados para protegerlos de posibles agresiones, principalmente del crimen organizado. Agregó que deben recibir un apoyo mensual de alrededor de 10 mil pesos.

Detalló que la CEAV dispone de mil 200 millones de pesos para la atención a víctimas, y de ese total 10 millones son para los casos descritos. Explicó que los periodistas sujetos al mecanismo no deben trabajar, pues si lo hacen pierden los beneficios. Por ese motivo se les brinda un lugar donde vivir, un refugio, y se les proporciona alimentación.

No obstante, comentó, se requiere costear la manutención de la familia y diversos gastos personales. Explicó que él tiene pareja y dos hijas menores de edad, que permanecen en Guerrero, y a quienes no puede apoyar económicamente por esta situación.

No podemos trabajar porque pierdes las medidas cautelares que el mecanismo te da. Aquí no puedo trabajar para mantener a mi familia. La CEAV está obligada por ley a atendernos, no le estamos pidiendo ningún favor.

Junto con Leonardo Martínez Peralta, otro comunicador desplazado por su labor periodística en Guerrero, demandaron no ser revictimizados por la CEAV.

Expusieron que en la Ciudad de México están alrededor de 25 periodistas desplazados y en el resto del país son más de 70. La principal causa son las amenazas y agresiones de cárteles de narcotraficantes. En cuanto a su caso, comentó que antes de ser traslado a la Ciudad de México, hace dos años cuatro meses “me levantaron dos veces”.