La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una Oficina Especial para investigar las violaciones de garantías individuales cometidas durante la llamada guerra sucia, además de abrir de oficio un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo.

En un comunicado, el organismo señaló que es necesario conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno a las desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante, una obligación ética y una deuda histórica.

De acuerdo con la CNDH, la Oficina Especial investigará todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado.

El propósito será indagar las desa-pariciones para conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido.

En este sentido, agrega el comunicado, la comisión se plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de Justicia Transicional, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad para la Investigación delas Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 (Comverdad), así como investigaciones académicas.

La Oficina Especial sustentará su trabajo en cinco ejes, entre ellos la búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados; el reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por la Femospp y la Comverdad, y entrevistas a ex funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado.

De igual forma, promoverá la inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados y la documentación de otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones.

Asimismo, propondrá la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a las garantías individuales, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.