s una realidad de nuestros tiempos y así hay que asumirlo: miembros de familias mormonas asentadas en el norte del país, especialmente los LeBarón, están inaugurando un ejercicio político binacional, México-Estados Unidos, que puede significar para el país imperial una dorada oportunidad de actuar, reaccionar e intervenir en asuntos mexicanos al amparo de la protección de ciudadanos con doble nacionalidad.

El paso inédito se dio cuando integrantes de las familias LeBarón y Langford solicitaron al gobierno de Donald Trump que declare como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos del crimen organizado. Lo hicieron a título de la ciudadanía estadunidense al mismo tiempo que ejercían sus derechos como mexicanos ante los terribles acontecimientos que en los límites entre Chihuahua y Sonora significaron el asesinato de mujeres y niños de las familias mencionadas.

Desde ese momento se registró la primera derivación política de la dualidad méxico-estadunidense. La petición de las familias agraviadas encajó en la estrategia anunciada por el presidente Trump, en el sentido de la clasificación terrorista de los cárteles mexicanos. Aun cuando hubo una primera oleada de críticas duras contra esos ciudadanos con doble nacionalidad, hablando incluso de traición a la patria mexicana, tales ataques se fueron diluyendo ante el hecho de que, en realidad, los LeBarón y las otras familias tienen el derecho de invocar la ayuda de los dos gobiernos.

La textura de ambivalencia se muestra con claridad ahora que se ha anunciado una marcha para tratar de que el gobierno obradorista entregue mejores cuentas en materia de seguridad pública y combate al crimen desbordado. Javier Sicilia, Alberto Athié y otros convocantes a la caminata que se iniciará el próximo 23 desde Cuernavaca, Morelos, hacen política en un plano exclusivo del interés mexicano. No así los LeBarón que al mismo tiempo que actúan en calles y foros mexicanos mantienen gestiones políticas en Estados Unidos (lo cual propicia en suelo mexicano, entre otros puntos, la marcada presencia y participación de agencias estadunidenses, como la FBI, en las indagaciones de los bárbaros sucesos de noviembre pasado).

Bajo la firma de Luis Pablo Beauregard, José María Irujo y Joaquín Gil, el diario español El País publicó ayer que “Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como el ex presidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4.4 millones de dólares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de El País. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki, SA de CV y Varys Comercial, SA de CV, recibieron contratos públicos del Estado de México” (https://bit.ly/2tKoh5I).

En dicho trabajo periodístico se menciona la utilización de una casa de estudios, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) para triangulaciones y encubrimientos en años en que el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, patrón de conducta repetido en el armado de corrupción conocido como la estafa maestra (cuando Peña ya estaba en Los Pinos).

Astillas: En noviembre decidirá la justicia inglesa si extradita a México a Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, actualmente preso que espera gozar del beneficio de prisión domiciliaria desde ahora o libertad anticipada en un año y medio o dos años. Macías está en libertad condicionada en Reino Unido, con un brazalete de control… Y, mientras el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, ha anunciado que defenderá a morir el servicio del Seguro Popular y que no firmará la carta de intención que desaparece tal seguro y transfiere la atención médica al obradorista Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), reticencia que el propio Orozco asegura que comparten otros ocho gobernadores estatales, ¡hasta el próximo lunes!

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