El pasado 28 de diciembre, agentes de la Policía Estatal de Guerrero detuvieron de forma arbitraria y agredieron a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quienes documentaban una movilización de habitantes de diversas comunidades que han sido víctimas de desplazamiento forzoso a manos de grupos armados.

En entrevista con La Jornada, Teodomira Rosales, una de las activistas atacadas, explicó que en la mencionada fecha ella y su compañero Manuel Olivares acudieron a la cabecera del municipio de Chichihualco, donde decenas de familias se han refugiado desde noviembre de 2018 luego de ser amenazadas para que dejaran sus pueblos.

Ahí, los afectados trataron de hablar con integrantes de la Guardia Nacional para pedirles que les dieran seguridad para no ser agredidos y poder volver a sus domicilios, pero la Policía Estatal de Guerrero impidió el diálogo y reprimió tanto a las personas desplazadas como a los integrantes del centro de derechos humanos, a quienes acusó de estar detrás de la manifestación.

Sufrió tocamientos en todo el cuerpo

A Manuel Olivares, dijo la activista, los uniformados lo golpearon y le quitaron el celular, mientras que a ella, además de agredirla de esa misma forma, la jalonearon en su intento de subirla a una patrulla y le realizaron tocamientos en todo el cuerpo, en medio de insultos y amenazas. A ambos les robaron sus mochilas, además de destruir algunas partes del vehículo donde se trasladaban.

Rosales recordó que en noviembre de 2018 alrededor de 2 mil personas, integrantes de más de 280 familias, tuvieron que huir de varias comunidades de los municipios de Chichihualco y Heliodoro Castillo, luego que miembros de grupos supuestamente vinculados a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero los amenazaran con matarlos si no se iban de sus casas.

De acuerdo con la integrante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, los grupos armados buscan apropiarse de los recursos naturales de las tierras de las víctimas –las cuales son ricas en minerales y bosques–, y aunque las autoridades federales prometieron que instalarían retenes de seguridad en diversos puntos de la zona y le brindarían protección a los desplazados, ninguno de esos compromisos se ha cumplido desde hace casi 14 meses.