Integrantes de organizaciones promotoras de vivienda pidieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, investigar a fondo a las actuales autoridades del Instituto de Vivienda (Invi), en particular a la directora ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, Gabriela Patricia Martínez Vargas, quien se desempeñó como directora jurídica de la Central de Abastos durante la gestión de Raymundo Collins, contra quien hay una orden de aprehensión.

Los demandantes indicaron que dentro del organismo aún hay trabajadores coludidos con representaciones sociales que se han convertido en gestoras de créditos para la edificación de viviendas de las que no son beneficiados los sectores sociales más necesitados como establece la naturaleza del instituto.

Ante ello, consideraron que las investigaciones que se realizan para identificar a los responsables de malas prácticas en el Invi en la anterior administración se deben extender a la gestión actual, tras señalar que apenas en noviembre pasado, tras la salida del anterior director, Pedro Sosa, Martínez Vargas fue ascendida al cargo que desempeña.

Poner lupa

Demandaron poner bajo la lupa la ruta de las decisiones institucionales para el otorgamiento de créditos para la edificación, el origen del suelo de cada desarrollo habitacional y los beneficiarios actuales, pues distan mucho de ser de escasos ingresos.

Señalaron, además, que dentro del Invi hay áreas en las que la actividad cotidiana del personal es recibir las demandas de ciudadanos timados por las representaciones sociales que sólo buscan hacer negocio con recursos públicos.

Desde el relevo en el Invi, un grupo de promotores de vivienda se mostró en contra de la salida del arquitecto Pedro Sosa, pues a su juicio quienes presionaron para el cambio son los dirigentes de organizaciones que gozaron de privilegios en la anterior administración y se resistían a perderlos.