Frente a los recientes cambios a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), aprobados por el Congreso local, hay un grupo de siete universidades públicas estatales que enfrentan iniciativas y hasta amagos por parte del Poder Legislativo local de modificar sus procedimientos normativos, los cuales violentarían su autonomía, según han advertido autoridades y académicos de estas casas de estudios.

Los congresos locales de Sinaloa, Colima, Baja California Sur, estado de México, Veracruz, Puebla y Aguascalientes han presentado en meses recientes diversas iniciativas que prevén el nombramiento, por ejemplo, de un órgano de control interno designado por el Legislativo, o aprobación de métodos nuevos para la designación del rector, entre otras propuestas.

La Asociación Nacional de Uni­versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) ha rechazado esta intromisión de las legislaturas locales, al intentar modificar la normatividad que sólo corresponde definir a las casas de estudio, violentando de esa forma su autonomía.

En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, el gobierno federal condicionó la entrega de 500 millones de pesos para el cierre presupuestal de año, debido a los problemas de la institución para cubrir sus adeudos laborales con sus trabajadores, y a cambio el Congreso local modificaría su Ley Orgánica.

La propuesta aprobada, presentada por el gobernador Antonio Echevarría, prevé la creación del Colegio de Elección Universitaria, cuyo encargo será elegir al rector entre los aspirantes insaculados previamente por el Consejo General Universitario, pero los recursos todavía no le son entregados.

Tampoco han llegado los 204 millones de pesos a los que el gobierno federal se comprometió con la Universidad Autónoma de Sinaloa –que enfrenta también varias iniciativas de cambios a su Ley Orgánica–, que tuvo que solicitar un crédito al gobierno del estado.

Algunos rectores señalaron que, en los hechos, las autoridades federales han iniciado con presiones y condicionamientos para la entrega de recursos a las universidades públicas, más aún aquellas que tienen problemas financieros. Hay un trato duro y un discurso generalizado hacia las universidades donde se critican algunas prestaciones que se tienen y que superan las que marca la ley, dijo el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera.

Por citar el caso de la Universidad Autónoma de Colima, la iniciativa presentada a finales de noviembre pasado y apoyada por Morena, prevé la creación de una junta de gobierno y diversos contrapesos entre la rectoría y el Consejo Universitario.

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Auditoría Superior del Estado inició en diciembre pasado un examen y una visita domiciliaria del ejercicio 2019, con lo cual violenta la legalidad de las normas federales, debido a que pretende fiscalizar recursos que no son de su competencia, como los ingresos federales y los propios de la institución.