La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará hoy sentencia sobre tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora, disposición que estableció la empresa Grupo México durante el sexenio pasado para enfrentar la contingencia ambiental de 2014, por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la filial de esa empresa, Buenavista del Cobre, en los ríos Sonora y Bacanuchi, y que fue supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los tres recursos interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora cuestionan la forma en que operó este mecanismo, la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región y la extinción del fideicomiso, así como la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.

En un comunicado, los Comités de Cuenca Río Sonora recordaron que el fideicomiso fue presidido por el entonces subsecretario de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, quien fue la autoridad destinada a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal, debe hacerse responsable de sus actos y omisiones.

Los comités exigen la reapertura del fideicomiso hasta que cumpla con la reparación total de los daños causados por el derrame. Este instrumento se acordó entre la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como solución para el resarcimiento y reparación de los daños causados por el derrame tóxico, señalado por las autoridades de la Semarnat en ese momento como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México y ha afectado a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora.

El fideicomiso, a través del cual empresa y gobierno habían prometido dotar de agua limpia, atención a la salud y reactivación económica a los afectados, se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades en su operación, señalaron. De los 2 mil millones de pesos comprometidos para llevar adelante las acciones de remediación, apenas se ejerció 61 por ciento.