Este procedimiento es el último antes de decidir si los presentan ante un juez de control y buscar la justicia
Miércoles 8 de enero de 2020, p. 9
El próximo día 23 se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa, la audiencia intermedia en la que se analizarán las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y que servirán para llegar a la etapa de enjuiciamiento de los involucrados en el homicidio de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada, perpetrado el 15 de mayo de 2017.
De acuerdo con información obtenida de funcionarios de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), ya no existen recursos para impedir que Juan Francisco Picos Barrueta, El Quillo, y Heriberto Picos Barraza, El Koala, sean presentados ante un juez de control y se lleve a cabo la etapa intermedia y en ella dé por concluido el periodo establecido al Ministerio Público federal para presentar las conclusiones de la investigación realizada, y en la cual se les imputa haber sido dos de los partícipes en el homicidio de Javier Valdez, quien fue asesinado a una calles del semanario Ríodoce, del cual fue fundador.
La audiencia se llevará a cabo luego de que fueron rechazados los recursos promovidos por la defensa de los inculpados, entre ellos un amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el cual fue llevado hasta la última instancia, y se resolvió negarles la protección de la justicia federal a ambos por lo que hace a las acusación de homicidio en agravio del corresponsal de La Jornada, y autor de textos como Los morros del narco.
Hasta el momento, y aunque la Fiscalía General de la República ha recibido información de autoridades de Estados Unidos relacionada con la presunta participación intelectual de Dámaso López Núñez, El Licenciado (quien fuera considerado uno de los sucesores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera al frente del cártel de Sinaloa), los datos no serán parte de las probanzas que se presentarán ante el juez que analice el caso el 23 de enero, aunque servirán para fincar cargos en contra de otros miembros del crimen organizado que pudieran haber participado en el ataque a Javier Valdez.