n las dos entregas anteriores se ha tratado de describir mecanismos, normas o procesos mediante los cuales se propiciaba la desigualdad. En ciertos casos, aún vigentes, se le alienta muy a pesar de los esfuerzos por evitarla.
El propósito del actual gobierno es actuar, decididamente, para reducirla todo lo posible en la medida que la realidad permita hacerlo. Se dio preferencia a analizar lo que atañe, directamente, al ingreso de los trabajadores: sus ingresos. El castigo a los salarios ha sido inmisericorde durante el lapso de los últimos cuarenta años. Se usó al salario como ancla, según se ha dicho y difundido, para propiciar el avance de la productividad. En verdad, lo que se hizo y con toda conciencia del daño que se causaba, fue trasladar, año con año, inmensas sumas de recursos pertenecientes al factor trabajo hacia su correlativo el capital. En preciso a la versión financierista, crecientemente extendida y poderosa. El desbalance ocasionado ha sido inmisericorde. No hay explicación racional que pueda avalar tamaño latrocino, salvo la inhumana voracidad de las élites, la institucionalizada corrupción y la voracidad de la ideología dominante.
Es debido a este modus operandi que se ha implantado la firme decisión de no permitir que los ingresos de los asalariados se deterioren día con día. Aumentar, siempre y de aquí en adelante por los años venideros, los salarios por arriba de la inflación. La llamada reforma laboral legalizó la sujeción de los trabajadores al permitir, con base en la ley, continuar la explotación en curso. La actual polémica sobre los excesos de la práctica del outsorcing es sólo un botón de muestra. Ahora se revela cómo se ha despojado a los asalariados no sólo de buena parte de sus ingresos, sino hasta de todo derecho laboral. Muy a pesar de la evidencia que ronda por todos los rincones nacionales bien informados, la reforma implantada a las pensiones es, todavía, un canal abierto, usado para beneficio del capital que administra los fondos de retiro. Esta práctica, ya bien desgastada internamente y probada su injusticia en casos externos (Chile), tendrá que ser corregida a la brevedad posible. Las pensiones otorgadas por el gobierno a los adultos mayores, cuyo monto anual alcanza cifras superiores a los 16 mil pesos, son mejores que los rendimientos (alrededor de 10 por ciento, en promedio 10 mil pesos anuales) que logran las afore.
Toca ahora explorar conductos adicionales que tienen conexión directa con la explotación, en buena parte aún en curso, pero con miras a ser alterada. La búsqueda de efectivas vías alternas es una tarea de relevancia justiciera.
La intrincada y malsana interrelación entre las capas superiores del empresariado y los dirigentes políticos es una causal directa de la desigualdad. Esta imbricación, que llegó a ser indistinguible, le permitió a un pequeño núcleo de negociantes y traficantes de influencia apropiarse de jugosos contratos y canonjías que trasladaron ingentes recursos públicos hacia unas cuantas manos privadas.
Las camadas de millonarios de nuevo cuño, pero bien conectados durante décadas, exhibían, sin pudor, su sello sexenal. Otros de ellos, ya consolidados por trafiques anteriores, simplemente engrosaron sus arcas hasta la desmesura. Se formó así una casta que, con fiero desparpajo, se encaramó sobre todos los demás y malgobernó el país. Las listas de los multimillonarios, que publican ciertas revistas de renombre, dan abierta cuenta del dañino fenómeno de expropiación en marcha. Este fue y ha sido un juego perverso, propiciado por la extendida corrupción que marcó al decadente sistema establecido de duro cariz neoliberal.
La tajante separación entre negociantes y políticos fue la consecuencia inevitable que se impuso como nueva política de gobierno.
La desigualdad lleva aparejadas, en su esencia, una inclemente y eficaz fábrica de pobreza. Los recursos acumulados, sin medida, en la cúspide de la pirámide económica, dejan humanas necesidades insatisfechas de los muchos apilados en la base. La corrupción entonces se torna eficaz disolvente de la democracia y la vacía de su propósito participativo. Es decir, se la deja sin contenido pues deslava su pretendida justicia.
Ambas situaciones –corrupción y desigualdad– procrean inseguridad y violencia. No son asuntos separados, interactúan, se condicionan y aceleran.
La cátedra que defiende al sistema establecido o, al menos, al modelo que ampara la acumulación desigual, ha decidido cargar su ofensiva, este año crucial, sobre el modelo sustituto en formación. Basará sus esfuerzos y recargará su crítica, tanto en la economía estancada como en la inseguridad prevaleciente. Los basamentos inequitativos de esos tópicos faltantes les tienen sin cuidado.
