El Congreso capitalino pedirá a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) ampliar la revisión del gasto en el Instituto de Vivienda (Invi) durante la gestión de Raymundo Collins Flores, así como auditar el contrato que suscribió la pasada administración en 2017 con la empresa Glac, del ex secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la ASCM, José Luis Rodríguez Díaz de Léon, adelantó que propondrá además al órgano auxiliar de fiscalización del Poder Legislativo local auditar la contratación de deuda pública en la pasada administración, que fue adquirida a una tasa de interés por encima de la comercial.

En la Constitución de la Ciudad de México se otorgó a la ASCM la facultad de revisar el ejercicio fiscal en curso o anteriores al de la cuenta pública que tiene en revisión –el de 2018–, que en el caso del Invi se centró en las acciones para el desarrollo de vivienda en conjunto, pero únicamente a los créditos del programa de población en situación de calle, identificada como aquella que habita en campamentos de damnificados en diferentes vialidades de la ciudad desde el sismo de 1985.

Para dicho programa correspondió, sin embargo, solamente un gasto de 32 millones de pesos de 3 mil 112 millones 955.9 que ejerció el Invi ese año.

Del resultado de la revisión de dicha muestra, contenida en el segundo informe parcial de octubre pasado, la ASCM observó que en el caso del padrón de beneficiarios con la información y documentación que proporcionó el Invi no es posible verificar el cumplimiento de las reglas de operación del Programa Vivienda en Conjunto para el otorgamiento de ayudas.

▲ Raymundo Collins Flores es investigado por la Procuraduría General de Justicia por uso indebido del servicio público cuando fue director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.Foto Luis Humberto González

En cuanto a la meta física, observó que los indicadores que fueron presentados no permiten comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que contribuyan a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos, así como medir el avance y logro en la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

A partir de la investigación que la Procuraduría General de Justicia capitalina inició contra Collins por denuncias de empresarios y las irregularidades reportadas por el órgano interno de control del Invi, Rodríguez consideró que la revisión de la ASCM se debe ampliar, con sustento en el artículo 62 de la Constitución local, numeral 2, donde se señala que la entidad de fiscalización de la Ciudad de México podrá llevar a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, observaciones, auditorías parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la administración que utilice recursos públicos de la ciudad y podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos y que se refuerza en el numeral 7, fracción séptima.