Hacia finales de 2023, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende dotar a los habitantes del país de una cédula de identidad.

Contar con un mecanismo eficiente, seguro, completo y práctico de identidad es un proyecto largamente acariciado, que ha costado al país miles de millones de pesos.

La primera ley de identificación personal fue publicada el 17 de enero de 1933.

Esa norma, y las subsecuentes de los años 30 y 40, marcaba tres obligaciones centrales que, con sus respectivas variantes, persisten:

Contar con un registro de identificación para todos los habitantes del país, como un servicio público nacional; lograr la clasificación de los habitantes de acuerdo con su nacionalidad, sexo, edad, ocupación, estado civil, ciudadanía y lugar de residencia, así como la existencia de una tarjeta o cédula que se expediría como consecuencia del registro y que tendrá la validez de un instrumento público que hará de pleno respeto, a la persona que la porte, ante toda clase de autoridades y particulares.

Los puntos básicos anteriores, establecidos hace décadas, prevalecieron en las leyes en la materia de los años 1974, 1980 y, finalmente, con las reformas constitucionales del 6 de abril de 1990 y del 10 de junio de 2011, sin olvidar las modificaciones a la Ley General de Población, en 1992.

El objetivo era el mismo: contar con un registro nacional de población, de ciudadanos, de menores de edad, así como el catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana.

Aunque hay avances en los diferentes rubros, todo se atora cuando se trata de cumplir con lo establecido desde 1992 respecto de tener un sistema integrado de registros, datos certificados de cada uno de los miembros de la población y dotarlos de una identificación oficial.

Actualmente, tal como se hizo hace 27 años, el Estado mexicano se apoyó en la instancia que tenía una mayor estructura.

En los años 90 del siglo pasado, se apoyó en el Instituto Federal Electoral (por eso la credencial para votar ha fungido como identificación oficial desde entonces), y ahora se busca hacer lo mismo con el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo padrón rebasa 80 millones de nombres, con el correspondiente respaldo de datos biométricos de cada persona.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, manifestó su confianza en que esta vez, en la actual administración, pueda hacerse realidad el anhelado proyecto, a más tardar en 2023 y con un presupuesto muy pequeño, gracias a que la intención no es fabricar micas, sino generar un mecanismo digital.

Yo todo lo que me propongo lo consigo; ya verán que salimos adelante. Además, vamos a gastar muy muy poco, comentó a La Jornada cuando se le hizo notar que no se ha logrado dotar a los mexicanos de un mecanismo eficiente y único de identidad.

La apuesta de la SG, a través del Registro Nacional de Población (Renapo), es consolidar la modernización de los registros civiles y apoyarse en el de electores. Las autoridades del INE han manifestado su disponibilidad a levantar el registro de menores de edad, esto es, más de 30 millones de personas.

Precisamente con los niños, Gobernación pretendió iniciar –durante el sexenio de Felipe Calderón– con la expedición de la cédula de identidad. En ese periodo fueron erogados casi 3 mil millones de pesos para dicho proyecto, el cual, al paso de los años, quedó inconcluso y, literalmente, destruido o en la basura.

La alternativa actual se basa en la tecnología más reciente a fin de que la identificación sea a través de un código digital como el que se utiliza en el Servicio de Administración Tributaria, según lo expuesto por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, y por el titular del Renapo, Jorge Wheatley, quien el pasado 9 de diciembre dijo en el salón Revolución de Gobernación: garantizar el derecho a la identidad es la misión del Renapo y los resultados de este primer año, aunado a los acuerdos que se están trabajando con los sectores público, privado y la sociedad civil, nos han permitido fincar las bases para que en 2023 la cédula única de identidad digital sea una realidad para toda la población.