La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aceptó revisar los amparos interpuestos por la empresa Odebrecht y dos de sus directivos en contra de las sanciones que le impuso desde 2018 la Secretaría de la Función Pública (SFP), con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Concretamente, se impugnan cuatro circulares emitidas por la SFP que fueron notificadas oficialmente a Odebrecht el 17 de abril de 2018, donde se inhabilitaba a la empresa y a sus directivos Gleiber José de Faría y Luis Alberto de Meneses Weyll, para participar en cualquier licitación pública por un periodo de dos años y seis meses, debido al incumplimiento en que incurrieron en otros contratos.

Ante esto, la empresa promovió los amparos 526/2018 y 571/2018 ante el juzgado sexto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, los cuales le fueron negados en primera instancia; la constructora pidió entonces revisar el fallo en el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, que, por la novedad de los temas constitucionales a resolver, remitió el asunto a la SCJN.

En el acuerdo de admisión del asunto, firmado por el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se detalla que el tema a resolver por el máximo tribunal serán los supuestos de responsabilidad consistente en que el sujeto directa o indirectamente realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimento de éstos.

Odebrecht se queja en su demanda de amparo de la presunta violación a su derecho a la justicia y argumenta que la pena que se le impuso es desproporcionada.