Buenos Aires. En este fin de año complejo y difícil, pero con una población más esperanzada, el gobierno de Alberto Fernández logró congelar los precios del combustible, los alimentos, el peaje y otras medidas importantes, mientras comenzó a encenderse la economía con la aplicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, en el contexto de Emergencia Pública, votada recientemente, como prioridad para enfrentar la crisis del país que está a punto de la cesación de pagos, y con la decisión de algunos sectores empresariales, como el de los aceiteros, que decidió un importante bono para su trabajadores para paliar la situación.

A 20 días de su llegada, el gobierno de Fernández está sufriendo una nueva y feroz campaña de la oposición derechista, que se expresa en la manipulación y tergiversación de las medidas que tomó rápidamente ante la emergencia del hambre, la pobreza, el desempleo, y con 50 por ciento de la industria parada, tras haber caído en forma permanente durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri.

Analizando el registro de la deuda más grande contraída desde los primeros años del retorno a la democracia en 1983, y de lo actuado por el macrismo con medidas que afectan duramente la soberanía nacional, tanto analistas locales como internacionales coincidieron en seguir hablando de tierra arrasada o campo minado a lo recibido por Fernández el pasado 10 de diciembre.

Fernández no pudo gozar de la tradicional luna de miel que habitualmente se entrega a todo nuevo gobierno, definido en 100 días. Ni una semana pudo relajarse con la prudencia de la oposición, la calma de grandes medios o la cordura de líderes de los productores agropecuarios. Como si no hubieran existido los cuatro años de devastación macrista, las críticas son rabiosas y la resistencia (opositora) desaforada, analiza el periodista Alfredo Zaiat en Página/12.

El programa de medidas tomadas por la nueva administración para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral es impunemente tergiversado al calificarlo de ajuste, sostiene Zaiat, y refiere el tratamiento de la prensa favorable al anterior gobierno, que instaló falsamente la idea de que se congelaban las jubilaciones, cuando sucedió todo lo contrario.

Los jubilados están recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero y todos tendrán un aumento en marzo, señala el periodista, y menciona la asombrosa distorsión de la situación económica, aclarando que redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste a la economía; que la crisis deben pagarla quienes tienen más recursos en términos relativos, y eso no es un ajuste; tampoco lo es ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de proyecto neoliberal.

Son los mismos medios que llamaban sinceramiento al largo ajuste de los cuatro años de Macri que en términos históricos, significó una caída de tal duración y magnitud que sólo es comparable con lo sucedido durante 2001, la hiperinflación o la crisis de 1982, ubicando la de 2018/2019 entre las más graves de la historia reciente y ahora a una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular la califican de ajuste o un impuestazo.

El gobierno de Kicillof

Uno de los más castigados en estos momentos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien denunció a la oposición de Juntos por el Cambio, que dejaron una situación insostenible y ahora se oponen a las medidas necesarias para enfrentar la situación, en referencia a lo actuado por los legisladores opositores que tienen mayoría en el Senado, que no permitió el tratamiento la semana pasada en el Congreso provincial de la Ley Impositiva que gravaba a terratenientes y a los sectores de mayor riqueza.

Dentro del programa de las prioridades, el gobernador decidió cobrar más de impuesto inmobiliario a los grandes propietarios rurales (de 2 mil hectáreas hacia arriba), que sólo conforman 7 por ciento de las partidas emitidas y otorgar excepciones a los chacareros de menos de 100 hectáreas (tambos y ganadería) lo cual fue difundido por la prensa de guerra –como se le llama aquí a los medios en campaña antigubernamental– a informar sobre “un impuestazo”.

La decisión de Kicillof, además, mostró una verdad oculta y es que existe el latifundio invisibilizado y quedaron expuestas las enormes diferencias que existen en la provincia de Buenos Aires, recibió el respaldo de los intendentes peronistas y citó a los opositores para este jueves a una reunión en la que intentará cerrar la negociación.