El conflicto diplomático que inició entre México y el gobierno de facto de Bolivia, y que alcanzó también a España, abrió un intenso debate sobre el tema entre distintas fuerzas políticas y sindicatos policiales en el país europeo, en los que predominó la exigencia de una investigación a fondo sobre el caso.

El viernes, la encargada de negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul español en Bolivia, Álvaro Fernández, fueron retenidos por elementos de seguridad del país sudamericano al realizar una visita de cortesía a la residencia de María Teresa Mercado Pérez, embajadora de México en Bolivia.

La cancillería boliviana aludió la presencia de personas con el rostro cubierto en la comitiva europea, quienes dijeron se trataba de agentes españoles del Grupo Especial de Operaciones (GEO), asignados al resguardo de los diplomáticos.

A pesar de que el gobierno español rechazó rotundamente que su intención sea facilitar la salida de funcionarios asilados, Bolivia expresó a España su protesta enérgica por el incidente.

De acuerdo con información de medios sudamericanos, la canciller boliviana, Karen Longaric, envió una misiva desde el sábado a su par española, Margarita Robles, en un tono que ha sido interpretado como advertencia: Esperamos que esta sea la última vez que su gobierno permite que se violen las normas internacionales y de cortesía diplomática que han regido tradicionalmente nuestras buenas relaciones.

Medios españoles refirieron ayer que el incidente puede ser resultado de una encerrona para cercar a la representación europea. El ministro boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, informó que los seis españoles involucrados en el incidente salieron del país.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió a la defensa de los agentes del GEO y, mediante un comunicado, sostuvo que realizaron su trabajo con pleno respeto a la legalidad internacional y sin caer en provocaciones.

Explicó que el conflicto no fue provocado por los GEO, que se limitaban a proporcionar protección a una diplomática española y tuvieron que abandonar la zona cuando un grupo de exaltados atacó sus vehículos y buscó que los agentes salieran de los coches para que pudieran ser grabados sus rostros y difundidos en redes sociales, poniendo en riesgo su seguridad.

En España se desató un debate entre las fuerzas políticas. El partido de derecha Vox adelantó que lanzará una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al gobierno sobre lo ocurrido, y solicitará la comparecencia de los titulares de las áreas de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores; exigencia similar que expresó el partido Ciudadanos.

En tanto que el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, se dijo con enorme preocupación y adujo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está escondido.