esde su creación, el 7 de mayo de 2004, el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda quedó claro: “coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– y de financiamiento al terrorismo”, para lo cual recibiría reportes, avisos y otros documentos útiles para detectar operaciones vinculadas a dichas actividades ilícitas, con el fin de presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Desde entonces siete han sido los directores de la UIF, pero sólo a partir del actual, Santiago Nieto Castillo, tal unidad, de la Secretaría de Hacienda, no únicamente funciona, sino arroja resultados. Los seis anteriores (nombrados en su momento por Fox, Calderón y Peña Nieto) brillaron por su ausencia, pues se dedicaron a cubrir a los amigos del gobierno en funciones, archivar los casos calientes y privilegiar asuntos políticos que resultaran convenientes para el inquilino de Los Pinos en turno, dejando a un lado su obligación legal de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de previstos en el Código Penal Federal.

Sirva lo anterior para ponderar el trabajo de la UIF en el sexenio de López Obrador: en diciembre de 2018 recibimos una unidad que apenas bloqueó a 57 personas y sólo presentó 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República; de hecho, en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de procuración de justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero.

Tal relatoría fue divulgada por el propio Nieto Castillo en la última mañanera del presente año, en la que el funcionario destacó el resultado de la UIF en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto: desvinculación con actividades de procuración de justicia del Poder Judicial y agencias de otros países, y también un problema de uso político de la institución para fines que iban en contra de sus propios objetivos, que son el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo en cualquiera de sus delitos predicados.

El propio funcionario resumió que durante su estancia en la UIF se han bloqueado 12 mil 74 cuentas de forma directa o indirecta (en 2018 apenas fueron 800), es decir, con personas a las que se les ha vinculado con alguna actividad presuntamente ilícita o personas que tengan relaciones financieras de manera directa con estos sujetos investigados. Esto ha generado que de enero a diciembre de 2019 tengamos 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares bloqueados de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco y corrupción política como de delincuencia organizada.

Y entre esos casos, explicó Nieto Castillo, aparecen políticos corruptos, las factureras, el huachicol, el outsourcing ilegal (que ahora defiende Ricardo Monreal), la estafa maestra, el narcotráfico, Juan Collado, algunos magistrados, Genaro García Luna y muchos más.

No se puede dejar a un lado Odebrecht (permanentemente bloqueado por gobiernos anteriores). Este último, un caso de corrupción en Pemex con componentes trasnacionales. Y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó Emilio Lozoya, primero en Islas Vírgenes y después en Suiza.Estas compañías recibían los recursos, tanto de Odebrechet como de Altos Hornos de México (Alonso Ancira) y otras empresas de carácter internacional, para efectos de triangular los recursos para la adquisición de bienes e inmuebles en favor de Lozoya.

Las rebanadas del pastel

He ahí la diferencia entre cumplir puntualmente con la ley y utilizar la UIF para encubrir delincuentes.

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