a detención en Dallas, Texas, del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no deja de ser un misterio. Considerado el álter ego del ex presidente Felipe Calderón y súper policía consentido de secretarios de Estado y titulares de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CIA, DEA, FBI, ICE y la ATF), García Luna, residente en Florida, fue acusado por el fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, de haber abusado de sus puestos oficiales para traficar cocaína, corrupción y rendir falso testimonio ante autoridades locales.

Promovido por el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox, el irresistible ascenso de García Luna al mundo de los servicios clandestinos y las acciones encubiertas se dio bajo el calderonismo al amparo de la Iniciativa Mérida y del ex jefe regional de la DEA, Dave Gaddis, periodo en el que como secretario de Seguridad Pública se codeó con la cúpula de la administración Obama, entre otros, con Leo Panetta y David Petraeus, ambos ex jefes de la CIA y del Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano, de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele Leonhardt, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar antidrogas Gil Kerlikowky.

Considerado uno de los artífices de la guerra no convencional (o irregular) de Estados Unidos en México desde la esfera de la seguridad civil, los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA cristalizaron a finales de 2010, cuando él y otros funcionarios del área de seguridad (Cisen, PGR, Sedena, Semar y SSP) fueron integrados al Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor (HVTG, por sus siglas en inglés). Según un reporte de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), que depende de la Casa Blanca, el HVTG supervisaba el intercambio de inteligencia sensible sobre los principales grupos criminales mexicanos, y coordinaba o eliminaba conflictos de operaciones tácticas dirigidas a objetivos de alto valor en México.

Asimismo, García Luna tuvo acceso a la identidad de un equipo financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs), integradas por policías mexicanos incorruptibles dedicados a tareas de alta peligrosidad, y participó activamente en los operativos encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Dejas las Armas Caminar y Rápido y Furioso, que consistieron en traficar armas de Estados Unidos a México con el objetivo de seguirles la pista y capturar a sus compradores.

Un espacio de poder desde donde García Luna compartió información de inteligencia con la CIA y la DEA, era el llamado búnker de Constituyentes, instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Construido bajo tierra durante el gobierno de Calderón con tecnología de última generación adquirida en el marco de la Iniciativa Mérida, el búnker era asiento de Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos, donde operaban alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica.

Significativos, también, fueron los vínculos de García Luna −quien inició su carrera de espía en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en enero de 1989 a la edad de 21 años, siendo estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana− con el empresario Mauricio Samuel Weinberg, conectado a compañías de seguridad con base en Israel.

Según el portal de Reporte Índigo, García Luna y Weinberg se asociaron para crear compañías como ICIT Private Security México, propiedad de Weiberg, que operó en todo el país cuando el primero era secretario de Seguridad Pública con permiso que fue renovado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Weinberg había abierto la firma en Miami en 2011 y ofrecía servicios de investigación y análisis de personas, protección ejecutiva, secuestros, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, instalación de centros de control de confianza, venta de equipos de escucha, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital.

Al terminar el calderonismo, García Luna se fue a vivir a Florida, donde fundó la firma GL & Associates Consulting, que requirió un permiso del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Reporte Índigo encontró coincidencias entre la compañía ICIT de Weinberg y la consultora de García Luna, entre otras, que tenían los mismossocios estratégicosen seguridad: el ex agente de la CIA José A. Rodríguez Jr.; Carlos Villar, ex agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México cuando García Luna dirigía la AFI; el ex agente colombiano Luis Montenegro Rinco, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la policía política), y al ex agente de la DEA Larry Holifield, enlace entre la DEA y la CIA en Bogotá cuando Montenegro dirigía el DAS.

Con esos vínculos de años y tras ser colmado de medallas y diplomas por autoridades de Estados Unidos, la detención de García Luna en Dallas parece, al menos, contradictoria. A no ser que, como consignó una Rayuela de La Jornada, se estuviera cumpliendo la máxima atribuida al cónsul Escipión: Roma no paga a traidores; también cabe la posibilidad de que García Luna haya dejado de ser productivo en función de los intereses de Washington y ahora era desechable.