n pocos países existen fiscalías electorales. Esto se debe a que el fraude electoral está desterrado en la mayoría de los estados democráticos. En países en que está arraigada desde hace muchos años la democracia a nadie se le ocurre robarse una elección y si lo hace tiene que enfrentar no sólo a la ley, sino el repudio de la opinión pública.

En México, por razones que no son enteramente claras, la cultura del fraude electoral se ha arraigado. Aquí se cometen desde el siglo XIX. Si queremos desarraigarlo debemos entender cómo se produce. La legislación señala numerosos delitos fragmentados y desarticulados. El verdadero fraude electoral es el que orquesta el gobierno, aunque grupos de interés muy poderosos y organizaciones criminales podrían intentarlos a escala local. Los gobiernos de modo sistemático han autorizado y financiado los fraudes electorales. Como me decía Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude se decidía en Los Pinos. El presidente tomaba en cuenta los factores políticos vigentes y si sentía que el partido oficial podía perder las elecciones le ordenaba al secretario de Gobernación o a los gobernadores en turno realizar el fraude.

La esperanza que sentimos aquellos que hemos estado en favor de elecciones limpias y justas consiste en lo esencial: en la voluntad del gobierno actual de impedir el fraude electoral a como dé lugar. En 2018 tuvimos por fin elecciones sin fraude y en 2019 funcionó la nueva voluntad presidencial. Hubo seis elecciones locales y el INE y la fiscalía electoral pudieron intervenir, sobre todo en Puebla. En esa elección, el gobernador se mantuvo al margen y el proceso fluyó contra las expectativas. Sucedió lo mismo en los otros cinco comicios.

En 2020 habrá dos elecciones locales y las intervenciones de las fiscalías general y la electoral serán inevitablemente reducidas. El gran reto viene para 2021. Tendremos elecciones de 300 diputados por votación directa y 200 de representacion proporcional, 15 gubernaturas y 30 procesos locales de diversa índole. De los 90 millones de posibles votantes, acudirán unos 45 millones, algo insólito y la prueba de fuego para el nuevo régimen y los poderes locales. Si hay comicios limpios, daremos un paso para la consolidación de la democracia.

Me despido de mis lectores hasta el 12 de enero. ¡Felicidades! (Colaboró: Mario Antonio Domínguez.)