En los últimos seis meses la Fiscalía General de la República (FGR) recibió más de 50 solicitudes a través del portal de transparencia en las que diversos ciudadanos pidieron que se les informe si existen en su contra carpetas de investigación, averiguaciones previas, órdenes de aprehensión o de comparecencia por la presunta comisión de delitos federales.

Entre ellos se encuentran Joaquín Guzmán López (hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y hermano de Ovidio Guzmán); Francisco Álvarez Murphy Alarcón, dueño de Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, empresa que fue inhabilitada en agosto pasado por incumplir en la entrega de vacunas triple viral, y una persona presuntamente relacionada con el fallecido ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al que se indaga por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En febrero de este año, el Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian A. Benczkowski, y el Agente Especial a Cargo, Scott Brown, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas en Arizona, dieron a conocer que Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán fueron acusados de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina y mariguana entre 2008 y 2018.

En respuesta a la solicitud de información con folio 0001700540419, y mediante el oficio FGR/UTAG/DG/00821/2019, la FGR respondió el pasado 17 de diciembre al documento en que se pidió conocer si el Ministerio Público ha solicitado a algún juez mexicano una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López y explique por qué delitos.

Joaquín Guzmán López, de 34 años de edad, era prácticamente un personaje desconocido como integrante del cártel de Sinaloa; sin embargo, su nombre apareció en momentos en que el de su hermano Ovidio se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades estadunidenses para combatir operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo a esa nación.

Otro caso relevante es el del empresario Francisco Álvarez Murphy Alarcón, quien presentó una solicitud de información pública a la que se le asignó el folio 0001700562019 en la que refiere: por mi propio derecho, comparezco ante usted con el debido respeto a exponer: informarme de las carpetas de investigación y/o número de atención y/o indagatorias instruidas en mi contra, así como señalar fecha y hora para que el suscrito tenga acceso a las actuaciones y comparezca en la indagatoria y/o número de atención y/o carpeta de investigación seguidos en mi contra.

En 2018, Laboratorios Imperiales Pharma SA de CV firmó dos contratos con la Secretaría de Salud para vacunas doble viral (sarampión y rubeola) y triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis), y según determinación de la Secretaría de la Función Pública, la compañía incumplió totalmente el primero, que incluía más de 773 mil dosis, y al segundo le faltó una de cuatro entregas. Los productos llegaron a México, pero su utilización no fue autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El pasado 6 de agosto en el Diario Oficial de la Federación se difundió el aviso a dependencias gubernamentales para que se abstengan de firmar contratos con esa empresa mexicana.

Un tercer caso en el que el solicitante de información aporta datos para su identificación en la petición se localizó en el folio 0001700540819, y aunque no aparece su nombre, señaló: por propio derecho en calidad de imputado, hecho que se me hizo de mi conocimiento mediante el congelamiento de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera y los diversos medios de comunicación que me asocian con el gobernador poblano Rafael Moreno Valle y aseguran estoy siendo investigado, y luego, pidió acceso a la carpeta de investigación que obra en mi contra y se me deje consultar la investigación.

En todos los casos, incluyendo los que se mencionan, la FGR respondió que no puede dar acceso al contenido de sus investigaciones a los solicitantes, hasta en tanto una vez que el Ministerio Público los convoque a la audiencia inicial, es decir, hasta que el caso se encuentre en manos de un juez y valore las pruebas aportadas y determine si debe vincularlos a proceso o no.