Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación por feminicidio. Se refiere al caso de Vanesa, quien el 25 de abril pasado fue perseguida y ultimada a tiros por su marido afuera de la Casa Jalisco.

El organismo solicitó a diversas instancias del gobierno estatal que a la madre de la víctima se le den facilidades para conseguir una vivienda y un empleo, mientras que para el hijo se solicitó servicio de guardería y que sea integrado al programa de apoyo económico para hijos e hijas de víctimas de feminicidio o parricidio, con el cual pueda solventar sus estudios hasta alcanzar la vida profesional.

También se pide que se construya un memorial que dignifique y reconozca a las víctimas de feminicidio y se abran procesos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes involucrados.

La defensoría comprobó que al menos 16 ocasiones la mujer denunció por violencia a su pareja, sin recibir seguimiento ni protección por parte de las autoridades. Se dio a conocer que momentos antes de morir, Vanesa buscó protección de los policías que vigilaban la Casa Jalisco (residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro), ubicada en la colonia Circunvalación Vallarta; era perseguida por su pareja, quien a bordo de un carro se acercó y le echó el vehículo encima.

Luego de impactar a la mujer, el hombre bajó del auto y la apuñaló, aunque a su vez él murió por los disparos que recibió de uno de los guardias, en una reacción que no pudo impedir el feminicidio, que por haberse dado en ese lugar y bajo esas circunstancias, se ha convertido en símbolo de la violencia contra las mujeres en Jalisco.

Historial de violencia

La CEDHJ documentó que entre el 21 de septiembre de 2017 y el 13 de abril de 2019 (menos de dos semanas antes de su asesinato), la víctima había denunciado violencia constante en su contra por parte de su entonces esposo, acudiendo en 16 ocasiones al Centro de Justicia para las Mujeres.

A pesar de que se dictaron tres medidas de protección, la mujer fue víctima de la agresión que le costó la vida. Se reveló que no se otorgaron las medidas de protección en función de la violencia extrema que vivía la víctima.

Existieron múltiples omisiones en la integración de la carpeta de investigación que se inició con motivo de la denuncia que presentó la víctima por las agresiones y amenazas que sufría, lo que se traduce en un incumplimiento en las obligaciones de proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia por parte de las y los servidores públicos que intervinieron en la investigación, informó la CEDHJ.