La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que los bolivianos que se encuentran en la embajada de México en ese país no pueden ser detenidos porque ya se actualizó la Convención de Viena y tienen calidad de asilados o están en proceso de serlo.

En conferencia de prensa, manifestó que la relación entre los gobiernos de México y Bolivia vive un momento de tensión, pero no hay rompimiento oficial, luego de que en la sede diplomática nacional están asilados nueve ex funcionarios del presidente en el exilio, Evo Morales, entre quienes se encuentran Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia; Wilma Alanoca, ex ministra de Cultura; Nicolás Laguna, ex director de Gobierno Electrónico; Javier Zavaleta, ex ministro de Defensa; Héctor Arce, ex ministro de Justicia; Félix César, ex ministro de Minería; Pedro Damián Dorado, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario; el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, y el intelectual Hugo Moldiz.

Hasta ahora, abundó, no hemos roto relaciones con Bolivia, pero sí hay un reclamo internacional e institucional respecto a su conducta respecto a la embajada mexicana en La Paz. Va a haber una queja formal ante la OEA y la ONU.

Refirió desconocer cómo se encauzará esa situación. “Hay tensión. A lo mejor el gobierno de Bolivia reconoce la calidad de asilados y que ya se actualizó la Convención de Viena. Yo esperaría que la relación se distendiera y se reconozca que la embajada de México en ese país es territorio mexicano.

Por otra parte, el Senado hizo un enérgico llamado a las autoridades de ese país sudamericano a observar rigurosamente los principios que rigen el derecho internacional, ante los recientes acontecimientos en la sede diplomática nacional.

Manifestó su más honda preocupación por el asedio que ha sufrido en días recientes y exhortó a las autoridades bolivianas a observar rigurosamente los tratados, acuerdos y convenciones referentes a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al derecho de asilo, en particular la Convención de Viena y el Pacto de Bogotá.

En un posicionamiento emitido ayer por la tarde, la presidenta del Senado, Mónica Fernández (Morena), señaló que para este órgano legislativo –facultado constitucionalmente para acompañar la política exterior de México– cuando surgen discrepancias respecto de acontecimientos políticos, resulta indispensable la observancia de los principios que rigen el derecho internacional.

Consideró también que México tiene la facultad de acudir a instancias como la Corte Internacional de Justicia en La Haya cuando son violentados estos principios.

El Senado llamó a las partes a la sensatez y a reflexionar sobre el hecho de que cualquier diferendo circunstancial no debe impedir la buena marcha de la relación histórica de los pueblos de México y Bolivia.