or si alguien tuviera dudas, el presidente López Obrador reiteró que durante su gobierno no se autorizarán nuevas concesiones mineras, porque en el periodo neoliberal fue que se otorgaron como nunca; debemos de partir que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y sólo en un sexenio (el de Felipe Calderón) se entregaron 35.5 millones de hectáreas, (una proporción equivalente a) todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas mediante las compañías deslindadoras (arrebatadas a los pueblos originarios y cedidas a los terratenientes nacionales y extranjeros entre 1883 y 1906).

En la mañanera del pasado martes el mandatario planteó: ¿para qué tanta superficie?, porque llegó a ser de 90 millones, 40 por ciento del territorio nacional; ¿cuándo se termina de explorar y de explotar tanta superficie? Hay bastante, en este caso, de especulación, de tener los títulos de concesión para especular en el mercado financiero. Entonces, no estamos cancelando las concesiones. Sencillamente, ya detener la entrega, porque con lo que hay concesionado alcanza para millones de años.

Pero los barones de la minería utilizan tales concesiones no sólo para explotar la riqueza minera nacional y especular en el mercado financiero, sino para otros negocios. Tiempo atrás, el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado.

Dado lo anterior, más que saludable sería que el gobierno federal no sólo cancele la entrega de concesiones mineras, sino determine cuáles de ellas se han destinado a la exploración y explotación, y cuáles, de forma ilegal, a los fines denunciados por el dirigente sindical.

El presidente López Obrador menciona que la superficie concesionada llegó a 90 millones de hectáreas, pero si se considera la información contenida en los informes de gobierno de los gobernantes neoliberales el monto se incrementa sustancialmente.

Meses atrás, en este espacio hicimos ese ejercicio y la información resultante es abrumadora: sólo en los pasados 25 años las concesiones mineras otorgadas al capital privado por el gobierno federal en realidad ampararon cerca de 108 millones de hectáreas, es decir, alrededor de 54 por ciento del territorio nacional, y el grueso de esas concesiones se concentra en unas cuantas empresas nacionales y foráneas, todas ellas con decidida voluntad depredadora.

En aquella ocasión se documentó que el territorio concesionado por cinco inquilinos de Los Pinos (de Salinas de Gortari a Peña Nieto) equivalió al territorio conjunto de 11 estados de la República. En el comparativo internacional, resultó igual a 3.8 veces el territorio de Centroamérica, 2.8 tantos el tamaño del estado de Texas, o a la extensión conjunta de España y Francia.

Se comentó que, en el medallero entreguista, la de oro se la lleva Felipe Calderón: alrededor de 36 millones de hectáreas a los barones de la minería (equivalentes al territorio conjunto de Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche).

La de plata es para Ernesto Zedillo, con 35 millones de hectáreas, extensión equivalente al territorio conjunto de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo y Aguascalientes. Y el bronce se lo lleva Vicente Fox: poco más de 27 millones de hectáreas (Coahuila y Durango). Peña Nieto ocupa la cuarta posición (hasta junio de 2018, más de 8 millones de hectáreas) y le sigue Salinas de Gortari (2.2 millones de hectáreas sólo en 1994). Ni una más, pues.

Las rebanadas del pastel

Es mucho pedir, pero ¿los golpistas bolivianos sabrán que existe el derecho internacional?

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