Los tiempos fiscales que los radiodifusores piden eliminar por considerarlos un abuso de poder en un entorno en que sus negocios pierden rentabilidad, en realidad se trata de perdones tributarios a una industria desde hace años beneficiada. En lugar de renunciar a ellos, el gobierno debe analizar si el gravamen es suficiente, consideran especialistas.

“No tendría por qué haber tiempos fiscales, porque resultan en una exención fiscal al grado de que el Estado mexicano tiene que invertir para poder cobrar impuestos: producir spots, promocionales y programas. Eso es una distorsión, porque se tendría que poder cobrar en efectivo para reforzar el sistema público de radiodifusión”, explica en entrevista Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En noviembre pasado, José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, pidió al presidente eliminar los tiempos fiscales por considerarlos un resabio del decreto mordaza que impuso el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tras la masacre de octubre de 1968. Andrés Manuel López Obrador respondió que se analiza reducir la contribución como un estímulo a la industria, al tiempo que su gobierno no necesita de intermediación para comunicarse con el pueblo.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que preside Jorge Bravo, sostiene que dichos impuestos no pertenecen al gobierno en turno, sino al Estado (incluidos Poder Legislativo, Judicial y organismos autónomos). La disminución del tiempo fiscal es una añeja pero aún viva demanda del empresariado de la radiodifusión que sólo busca anteponer sus criterios de rentabilidad comercial sobre aquellos de interés social, acusa la organización.

En 2018 se establecía de la siguiente manera el mecanismo de los tiempos fiscales en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y el Senado; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

Este año se omitió el concepto de tiempos fiscales en la redacción del documento oficial y la distribución a cada ala del Estado. Lo mismo ocurre para el texto de 2020.

De acuerdo con la Amedi, en el decreto de diciembre de 1968 los tiempos fiscales equivalían a 12.5 por ciento de transmisión, pero el gobierno de Vicente Fox los redujo a 1.25 por ciento, es decir, 18 minutos diarios para televisión y 35 minutos diarios en radio.

El Estado mexicano no debe renunciar a esos espacios; por el contrario, tendría que recuperar lo que ha perdido y, sobre todo, establecer impuestos que no sean en especie, porque es el dueño del espacio radioeléctrico y es un bien de la nación, reitera Alva de la Selva, quien añade que la concesión de los tiempos fiscales acabó siendo una exención fiscal, uno de los peores episodios de abatimiento del Estado mexicano.